Ante la próxima concesión de una de las lineas de Lurraldebus exigimos que se garanticen la condiciones laborales de los trabajadores

Los responsables del sindicato muestran su preocupación y recelo ya que hasta el momento las cuatro empresas que optan a la concesión han realizado una oferta económica muy por de bajo de la establecida como referencia por la propia Diputación, que asciende a 73.588.133,88 euros para 10 años.
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Ante la próxima concesión que la Diputación llevará a cabo de la línea de Lurraldebus que unirá la capital guipuzcoana con las comarcas Bidasoa Behea y Oarsoaldea, UGT ha exigido a través de un escrito a la Diputada Arantza Tapia que antes de resolver el citado concurso, se asegure de que la empresa adjudicataria garantiza las condiciones laborales de los trabajadores así como la calidad del servicio.

Los responsables del sindicato muestran su preocupación y recelo ya que hasta el momento las cuatro empresas que optan a la concesión han realizado una oferta económica muy por de bajo de la establecida como referencia por la propia Diputación, que asciende a 73.588.133,88 euros para 10 años.

Para los responsables de UGT, resulta evidente que los recortes diseñados por estas empresas para bajar tanto ese precio de referencia, están estrechamente relacionados con los salarios de los trabajadores y un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los mismos. En este sentido, UGT apunta que dichas empresas podrían tratar de prolongar las jornadas mediante horas extras o poner problemas para equiparar los salarios de los trabajadores de la nueva concesionaria, provenientes de cuatro empresas, entre otras cosas.

UGT advierte que es muy probable que la calidad del servicio que se preste (limpieza de autobuses, reparaciones, repuestos, atención al cliente, formación del personal etc.) pueda también verse afectado e incluso pueda llegar a convertirse en muy deficiente.
El responsable de la Federación de Transportes de UGT en Gipuzkoa, Tomás Maestro, recuerda a la Diputación que todo ello conllevaría por un lado una conflictividad laboral, con su repercusión social correspondiente, en ningún caso deseada y por otro un empeoramiento del servicio prestado a los ciudadanos.

En cualquier caso UGT recuerda a la Diputación, que está obligada a que dicha concesión sea viable económicamente. Por ello, ha de tener en cuenta, que con un error de criterio en la adjudicación, la Diputación, podría arriesgarse a que el concesionario, en muy poco tiempo, le estuviera planteando la modificación y mejora de las condiciones económicas de la concesión. Con lo que debe plantearse las consecuencias que tal decisión tendría.

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