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Ventajas… y obligaciones

La deslocalización de empresas es un fenómeno que se mueve en términos de competencia internacional. Empresas que desvían sus centros de producción, buscando mayor rentabilidad, a base de conseguir menor coste de mano de obra, mayores beneficios fiscales, menor coste del suelo industrial y legislaciones sociolaborales menos exigentes.

Se trata, en demasiadas ocasiones, de empresas que gozan de una situación económica próspera y que han percibido ayudas públicas, por lo que urge la necesidad de que las Administraciones, estatal y autonómica, acometan actuaciones de análisis, prospección, e incluso de sanción. Las ayudas públicas deberían estar condicionadas a que las empresas se hagan responsables de sus decisiones, y al igual que se les otorga unos ventajas por implantarse, se les confiera unas obligaciones si se marchan.

Las Administraciones deben acometer decididamente líneas de actuación, en el sentido de disuadir a las empresas que opten por el desenlace de la deslocalización. En primer lugar, deberían obtener el compromiso de permanencia de la empresa y condicionar cualquier ayuda pública que se ofrezca, incluida la titularidad del suelo, para evitar la especulación inmobiliaria. De ese modo, se evitará que este fenómeno se intensifique y cause daños importantes en nuestro mercado laboral.

La deslocalización, además del efecto de la destrucción de empleo directo e indirecto, empieza a tener consecuencias importantes en el tejido industrial de nuestro país, que cuenta con una base frágil, fruto de la ausencia de una política industrial en la última década y que fácilmente puede seguir desmoronándose, ante la intensificación de la competencia a nivel internacional y la mundialización de los mercados.

Si las empresas justifican la deslocalización en términos de costes laborales, hay que recordarles que existen otras ventajas que deben de primar en la medición de la capacidad competitiva de las empresas. Es exigible un modelo de producción estable, donde se potencien factores determinantes -a medio y largo plazo- del valor añadido de los productos que se generan. Entre ellos, mayores niveles de inversión en capital humano, a través de la cualificación y la formación continua; y mayores esfuerzos de la inversión en bienes de equipo que mejoren la productividad, así como una mayor participación e implicación de los trabajadores.

Javier Bermejo
Secretario Acción Sindical UGT-Euskadi