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MANIFIESTO MANIFESTACIONES 7 DE OCTUBRE 2012

Las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituimos la Cumbre Social os agradecemos vuestra presencia en esta multitudinaria manifestación.

La Cumbre Social, que agrupa a 150 organizaciones en representación de más de 900 entidades sociales y sindicales de los más diversos ámbitos de la sociedad civil, hemos valorado la acción llevada acabo el pasado 15 de septiembre, las últimas medidas de recorte del Gobierno y hemos establecido la respuesta social necesaria para conseguir un cambio en profundidad de las políticas que se están llevando acabo por parte del Ejecutivo.

La Cumbre Social considera un éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre en Madrid, tanto por la participación registrada, como por la oportunidad de hacer visible la convergencia de una amplísima pluralidad de sectores y colectivos perjudicados por la acción de gobierno.

Centenares de miles de personas de todos los rincones de la península y representativas del diverso malestar social, se dieron cita en la plaza de Colón de Madrid. Hoy queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado y el acto de civismo que protagonizamos.

Al mismo tiempo, queremos denunciar el burdo intento de los representantes gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como del Ministerio del Interior, de intentar despreciar el seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público.

Basta recordar que, en ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora pretenden descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas, cuando la convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos gobierna.

La Cumbre Social también ha manifestado su repulsa ante los hechos acaecidos en las manifestaciones celebradas los pasados 25, 26 y 29 en Madrid, en las que se registraron cargas policiales de extrema dureza y un importante número de detenciones y heridos.

Hemos denunciado la estrategia del Gobierno expresada a través de su delegación en Madrid y del Ministerio del Interior, consistente en descalificar y desprestigiar ante la opinión pública las manifestaciones de rechazo a las políticas antisociales promovidas por el Ejecutivo, convirtiéndolas en un problema de orden público.

Hemos denunciado las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad que generaron unas intervenciones de inusitada agresividad, una tensión del todo innecesaria, y que dieron una imagen de manifestación violenta cuando se trataba de una convocatoria pacífica.

Hemos exigido que se depuren responsabilidades políticas que, en todo caso, deben suponer el cese o dimisión de la Delegada del Gobierno (que se atreve a “sugerir” que se “module el derecho a manifestarse”) y que los procesos judiciales en curso fuesen archivados, como así ha sucedido finalmente.

Hemos expresado nuestra profunda preocupación ante la deriva autoritaria que está adoptando el Gobierno.

La represión de las manifestaciones debe ponerse en relación con la actitud arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos del ejecutivo, con la ausencia de diálogo social y político, con el ocultismo con el que se abordan temas fundamentales para el país, como es el posible rescate de la economía española, con los intentos de manipulación de la opinión pública,…Todo ello está suponiendo una involución en nuestro sistema de derechos y libertades, que amenaza con poner en riesgo las reglas de convivencia de las que nos dotamos en el inicio de la transición política.

Hoy tenemos que volvernos a hacer eco del que fue el grito más unánimemente coreado el pasado 15S: Referéndum ya!

No hay duda de que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado.

Buena prueba de ello la tenemos en la “secreta” negociación que se está llevando acabo para el rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia de que se convoque un Referéndum, sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno, se convierte también en una exigencia de regeneración democrática.

La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.

La ciudadanía española está reaccionando.

Aquí no hay mayoría silenciosa (concepto que recuerda la etapa más siniestra del franquismo) con la que se pueda jugar según convenga.

En nuestro país los ciudadanos y ciudadanas hemos alcanzado la madurez democrática suficiente para saber lo que nos conviene y lo que no, para darnos cuenta de cuando se nos pretende engañar.

Por mucho que le pese al Presidente del Gobierno, aquí no hay unos ciudadanos que se movilizan (según él lo menos) en contra de sus políticas y otros que no lo hacen (según él los más) y por tanto, le apoyan.

El Presidente del Gobierno no puede escudarse en las personas que no salen a la calle a manifestarse para justificar sus apoyos. Porque la manera más sencilla de saber lo que piensan quienes se manifiestan y quienes se quedan en casa es preguntándoles.

Sr. Rajoy ¿porqué no pregunta al pueblo español que le parecen sus políticas?.

Es que tiene miedo que lo que usted denomina mayoría silenciosa hable alto y claro y le diga que no está de acuerdo con lo que su Gobierno está haciendo?

Referéndum Ya!

La Cumbre Social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y hemos denunciado tanto la truculencia en su presentación como sus contenidos.

En efecto, el Gobierno ha vuelto a incurrir en un ejercicio de funambulismo político, que no es otra cosa que un nuevo intento de manipulación de la opinión pública, al presentar el proyecto, pues ha ocultado sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social; por otro, oculta su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente criticada por el PP cuando el anterior gobierno no la aplicó) y todo ello intentando, como ya hizo en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco.

De su contenido debemos denunciar que estamos ante unos Presupuestos que van a hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más nuestra tasa de paro.

No podemos olvidar que en el último mes son casi 80.000 personas las que han perdido su puesto de trabajo y que ya estamos sufriendo las consecuencias del decreto de 13 de julio, por el cual se redujeron prestaciones por desempleo, dependencia y condiciones salariales y laborales de las empleadas y empleados públicos.

El proyecto únicamente contempla recortes a la inversión, sacrifica los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncia a una política fiscal que mejore los ingresos del Estado, algo que está al alcance del Gobierno a través de una lucha decidida contra el fraude, de exigir a los Bancos que paguen al menos parte de la factura de su rescate, y a través de una reforma fiscal que apueste por la suficiencia, la equidad y la solidaridad entre personas y territorios.

Esta situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual. Pretender recortar el gasto en desempleo en un 6,3% cuando 1.737.000 hogares no tienen ningún ingreso, denota una gran insensibilidad y supone alimentar el ambiente explosivo que ya se observa en la sociedad española.

Por otra parte no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1%, cantidad que no garantiza ni la revalorización de las pensiones.

En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.

En el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente, etc.

Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en educación y sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del transporte sanitario). Esto será así porque el Gobierno no ha dado a las Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda que España ha ganado de la Unión Europea.

Debemos denunciar que, junto a tanto recorte en inversión y gasto social, el proyecto de Presupuestos contemple lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema bancario.

Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo se salvan las élites económico-financieras, que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.

En estas condiciones no nos queda otra opción que movilizarnos.

Por eso estamos hoy aquí, porque