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Reclamamos la unidad de acción sindical y trabajar en el Diálogo con el Gobierno vasco para abordar las altas tasas de siniestralidad

UGT-Euskadi no convocará ni acudirá a las concentraciones que se llevan a cabo en la actualidad cuando se produce un accidente laboral mortal, porque no quiere seguir siendo participe de una imagen vergonzosa, como la que ofrece la división sindical, con dos pancartas por separado para denunciar lo mismo. Ante los 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), mañana 10 de febrero, reclama la unidad de acción sindical y trabajar en el Diálogo con el Gobierno vasco, para hacer frente a los altos índices de siniestralidad laboral.

Pilar Collantes, Secretaria de Acción Sindical y responsable de Salud Laboral de UGT-Euskadi, manifiesta que la sociedad nos exige a los sindicatos gestos de unión y no de desunión, nos exige madurez a la hora de denunciar públicamente la siniestralidad laboral, y en este tema, por lo menos, debemos ser capaces de estar juntos, porque los principales beneficiarios serán los trabajadores y trabajadoras de Euskadi.

“Hemos hecho partícipes de esta decisión -señala- a los otros sindicatos vascos, en las reuniones que hemos mantenido tras nuestro Congreso y esperamos su respuesta positiva para llevar a cabo otro tipo de actos de denuncia pública, de forma conjunta, y abordar soluciones unidos”.

Pilar Collantes reitera el llamamiento a que la Salud Laboral sea uno de los pilares básicos del diálogo social que debe impulsar el Gobierno Vasco, con la total disposición de UGT a que, ante este grave problema laboral, sea posible la unidad de todos los sindicatos de Euskadi, en el empeño de acabar con este problema social y para dar seguridad y firmeza a la acción sindical en defensa de un trabajo sano y seguro.

“Poner freno a la sangría de trabajadores muertos por accidente laboral merece todos los esfuerzos. Se deben realizar políticas activas dirigidas a establecer un Plan Director dirigido a reducir los accidentes laborales y controlar las enfermedades profesionales; ampliar y asegurar la participación sindical, poner en marcha la habilitación de técnicos por parte de la Comunidad Autónoma y establecer mecanismos de colaboración conjuntamente con el Departamento de Justicia, Inspección de trabajo y Fiscalía, para establecer planes conjuntos eficaces a la hora de abordar el problema”.