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La Federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi reclama el desarrollo del Estatuto Básico del empleado público en la CAPV

Un año después de la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, la reforma legislativa más importante para los empleados públicos, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Euskadi urge al Lehendakari a negociar su aplicación y respetar la negociación colectiva para 70.000 trabajadores, de nuestra Comunidad Autónoma.

Fernando Cabezuelo, Secretario federal de Autonómica, Local y Servicios a la Comunidad y Javier González, Secretario de Autonómica de UGT de la Federación de Servicios Públicos en Euskadi han reclamado esta mañana, en Vitoria, el desarrollo del Estatuto Básico del empleado Público en nuestra Comunidad autónoma y han criticado al Lehendakari Ibarretxe por el desprecio hacia la negociación colectiva de los empleados públicos, derecho reconocido en dicho Estatuto.

Las declaraciones las han realizado en el transcurso de unas jornadas que se celebran, hoy martes 15 y mañana, miércoles 16, en la Sala Pedro López de Ochandiano del Palacio Vila Suso, de Vitoria.

En las jornadas participan un centenar de delegados de la función pública de UGT -Euskadi , donde debaten la situación de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, junto a expertos de todo el Estado, como el Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección General de Función Publica del Ministerio de Administraciones Publicas José Luis Rodríguez Valdés y los Secretarios de las Federaciones de Servicios Públicos limítrofes

Los dos puntos de reflexión de la jornada se refieren a:

• Su repercusión en la Función Pública de los empleados de las administraciones vascas.

• La influencia que ha tenido el Estatuto Básico del Empleado Publico en los siguientes aspectos: carrera administrativa, evaluación del desempeño, negociación colectiva, el régimen retributivo, derechos y obligaciones, el Código de Conducta de los empleados públicos y el régimen disciplinario.

SERVICIOS ESENCIALES

Los servicios públicos son esenciales para la cohesión social, económica y regional de Europa, correspondiendo exigir que se incrementen y se facilite el acceso a todos los ciudadanos para consolidar los derechos fundamentales.
En la vida cotidiana de cualquier sociedad medianamente civilizada podemos hallar innumerables servicios públicos, desde los más antiguos como el correo, hasta los más modernos como las radios y televisiones hasta empresas de acceso a Internet entre otras, que podrían encuadrarse bajo la definición de servicio público, aunque haya quienes discrepan con su calificación como servicio publico.

Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social.
Estos servicios públicos que deben de ser prestados por las diferentes administraciones, son prestados por empleados públicos que mediante el derecho a la negociación colectiva -tanto los funcionarios públicos como personal laboral-, concrete las condiciones de empleo.

El Estatuto, que ahora cumple un año, recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación, buena fe, publicidad y transparencia que han de presidir la negociación mencionada.

Hoy en día, el empleo público se caracteriza por una elevada tasa de temporalidad y precariedad, más del 30% de los empleados públicos de la Administración de la CAPV no son fijos. La fijeza en el empleo es un fin para UGT, que cree firmemente en su repercusión en la eficacia y calidad que demandan los ciudadanos.

FOMENTAR EMPLEO ESTABLE

Es importante avanzar en la reducción de la temporalidad como un objetivo esencial del nuevo marco laboral de las Administraciones para fomentar el empleo estable y de calidad, así como garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.

Hay que considerar que un buen número de ciudadanos, los jóvenes, piensan que el empleo público puede ser un medio de vida y una profesión, por lo que les preocupa el sistema de acceso a la función pública y que los sistemas sean objetivos y no exista favoritismo, ni clientelismo. Temen enfrentarse a una oposición, si el sacrificio y el estudio o el verdadero mérito y capacidad no van a constituir el fundamento para conseguir el ingreso en las Administraciones públicas.

Debemos de seguir trabajando para que no se retroceda en temas como la conciliación de la vida personal y laboral, formación e innovación.

Todas estas cuestiones deben encontrar un marco de negociación en la aplicación y puesta en marcha del Estatuto Básico del Empleado Publico, basada en relaciones laborales democráticas, en el empleo de calidad, en la extensión y consolidación de los servicios públicos.

UGT destaca la importancia de los sindicatos en la vertebración de la vida económica y social, aunque los responsables públicos de esta Comunidad parecen no compartir esta opinión en su desprecio por las relaciones con los agentes sociales.

PARTICIPAR EN LA ADAPTACION DE LA LEY

UGT debe y quiere participar de manera activa en la adaptación de las leyes de función pública al Estatuto Básico, tanto de las leyes de las comunidades autónomas como de la propia ley de función publica de la Administración General del Estado, y ha llegado el momento de exigir a las administraciones el desarrollo del estatuto a través de estas leyes.

No hay que olvidar que en esta Comunidad hay más de 120.000 empleados públicos, de los que 70.000 pertenecen al ámbito autonómico y 10.000 a la administración general del Estado (Seguridad Social, INEM, Defensa, Interior, Aeropuertos…), además de los trabajadores del ámbito foral y local.

Uno de los retos que nos planteamos es el conseguir con los diferentes agentes sociales implicados en su desarrollo la elaboración de una «buena» ley de función pública autonómica, adaptada al Estatuto Básico de la Función Pública.

En la adaptación de las leyes de función pública al Estatuto Básico de los funcionarios debe de existir una «mínima coherencia y uniformidad», para no generar agravios entre las empleados públicos de las diferentes administraciones.

UGT apoyara la colaboración entre las diferentes administraciones de la Comunidad Autónoma para la elaboración de una ‘buena’ Ley de Función Pública Autonómica que permita el desarrollo de una carrera profesional de los empleados públicos basada en el esfuerzo personal, que repercuta en un servicio ‘más eficaz’ al ciudadano.

Esta ley debe permitir desarrollar una carrera profesional basada en el esfuerzo personal y en la implantación de unos sistemas objetivos de evaluación del desempeño para evitar agravios comparativos o situaciones de amigüismo o clientelismo político».

Este sindicato aboga por tener unos buenos servicios públicos; así como que los derechos de los ciudadanos se vean atendidos y protegidos, debemos de exigir que las diferentes administraciones sean eficaces.

Aunque en esta Comunidad resulta complicado por la escasa cultura de negociación entre los representantes públicos con los sindicatos y agentes sociales, hay que hacer una invitación para que se de un amplio consenso para fijar el modelo organizativo y de carrera administrativa de los empleados públicos. Consideramos que este proceso de negociación debe empezar sin más demora, afrontando el proceso sin la necesidad de ser la primera comunidad en elaborar la Ley, pero si con la urgencia de presentar un texto lo suficientemente amplio y consensuado, donde tengan cabida todas las ideas, y se recoja tanto la defensa de los empleados públicos como la de los ciudadanos.