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UGT llama a la huelga el 8 de junio, porque los empleados públicos no tienen por qué pagar una crisis financiera

UGT ha hecho un llamamiento a la huelga de los empleados públicos vascos para el próximo 8 de junio, tras quedar registrada la convocatoria de huelga por parte de los tres sindicatos convocantes -UGT, CC.OO. y CSI.F-, esta mañana en el Gobierno vasco, en contra de los recortes salariales a los empleados públicos contenidos en el decreto de medidas extraordinarias contra el déficit público.

En Euskadi existen 109.662 trabajadores públicos -sin contar los de empresas públicas-, de los que 14.605 corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 62.653 a las Administración de la Comunidad autónoma, 30.052 a la administración local y foral y 2.352 a Universidades (según datos de julio del 2009 del Boletín Estadístico del personal de Administraciones Públicas).

Luis Santiso, Secretario General de UGT-Enseñanza de Euskadi manifiesta que: “Los funcionarios no pueden ni deben ser quienes paguen los efectos de una crisis, que ha generado el sector financiero, ni el humo con el que el Gobierno quiere tapar las medidas profundamente antisociales como la congelación de las pensiones, los retrocesos de la ley de dependencia o el medicamentazo”.

Marina Aparicio, Secretaria de UGT de Administración General del Estado (AGE) en Euskadi afirma que: “El Decreto del Gobierno justifica la huelga general de empleados públicos del próximo 8 de junio. Para expresar nuestro rechazo a las medidas del Gobierno, inequívocamente dirigidas a recortarnos los salarios y a negar nuestro derecho a la negociación colectiva. Desde el año 1982 hemos acumulado una pérdida del 40% de salario con las sucesivas congelaciones y cuando nos han subido ha sido siempre por debajo del IPC. Tras cuatro años de negociaciones íbamos a cobrar por primera vez en diciembre una paga extraordinaria íntegra, que ahora se verá otra vez reducida nada menos que en un 30%. Teníamos un acuerdo modélico y responsable, solidario y coherente con la mala situación económica del país, que se han “cargado” nueve meses después de su firma”.