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“Hay que acabar con la descoordinación de las instituciones en políticas de empleo”

El incremento de desempleados registrados en las oficinas de empleo de Euskadi, es un mal dato, porque nos sitúa en 151.551 parados en nuestra comunidad autónoma, aunque casi 7.000 de estos parados ya existieran y se detectaran la semana pasada inscritos en Langai y no en el Servicio Público de Empleo.

Felipe García, secretario de Formación y Empleo de UGT-Euskadi advierte que “la descoordinación esconde la realidad e impide una utilización racional de recursos en materia de empleo” y advierte de que “hay que acabar con la desconexión entre instituciones en políticas dirigidas al empleo”.

“Es una mala noticia que la cifra de parados en Euskadi supere los 151.000 desempleados -manifiesta Felipe García-, cifra suficientemente elevada para que el Gobierno afronte el año 2011 con medidas de apoyo y creación de empleo”.

EVITAR DUPLICIDADES

El representante de UGT-Euskadi en Empleo, asegura que una vez clarificada la transferencia, se hace necesario abordar una coordinación que evite duplicidades, cuando no triplicidades en la gestión de las políticas activas de empleo.

“El Gobierno vasco debe diseñar una estrategia en política de empleo y las otras instituciones vascas -Diputaciones, Ayuntamientos….- tienen la obligación de remar en la misma dirección. Los parados necesitan una mayor coordinación de las instituciones y una apuesta decida por el empleo y la estabilidad del mismo”.

Precisamente, Felipe García muestra su preocupación ante la contratación estable, que sigue siendo la asignatura pendiente “solo el 7,37% de los contratos en marzo son indefinidos, lo que hace muy inestable nuestro mercado laboral. El dato internanual hace que el empleo fijo en la CAPV siga a la baja, con un descenso del -11,64%, mientras que los temporales se incrementan en el interanual en un 4,34%”.

UGT-Euskadi ve también con preocupación que sube el número de parados que no percibe rentas por desempleo, cerca del 45% de los inscritos en LANBIDE no cobra prestaciones, lo que pone en riesgo de exclusión social a buena parte de la sociedad vasca.

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