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MCA-UGT emplaza a las instituciones a tomar medidas que incidan en la reactivación del empleo en el sector de la construcción, respetando sus condiciones laborales

La Federación MCA-UGT propone a las administraciones públicas, que destinen una dotación presupuestaria al desarrollo de un plan integral de rehabilitación a la vivienda, con el objetivo de reactivar el sector y crear empleo. Al mismo tiempo les recuerda que, en estos momentos, en los que la obra pública es precisamente la que acapara la mayoría de actividad en el sector está en manos de las administraciones, atajar los reiterados incumplimientos de la Ley de la Subcontratación, que está afectando a los derechos de los trabajadores.

MCA-UGT considera que los responsables políticos a la hora de confeccionar los pliegos deberían recoger que la obra debe llevarse a cabo con personal propio, subcontratando solo aquellos trabajos que las empresas adjudicatarias no estén capacitadas para hacer. Además las empresas principales deben velar por el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Subcontratación firmada por UGT.

Los responsables de UGT consideran prioritario que en las obras de licitación publicas se cumplan las condiciones laborales vigentes que recogen los convenios provinciales a todos los trabajadores y que son de obligado cumplimiento por todas las empresas que trabajan en el sector. Por todo ello la federación MCA-UGT señala que se deben ajustar los precios de las adjudicaciones a la realidad, dando prioridad en la concesión a las empresas que cumplan todas las condiciones y dejando de premiar a las empresas que ofrecen precios más bajos.

Para los responsables del sindicato, las adjudicaciones que tienen una importante rebaja sobre el precio fijado por la administración pública en el concurso, provocan que las empresas trasladen esas rebajas económicas a los salarios y a la seguridad laboral de los trabajadores.
Por otra parte la federación de MCA-UGT considera necesario la convocatoria de las mesa del convenio provincial de la construcción para actualizar las condiciones de los trabajadores (sin renovar desde 2009) y que siga siendo el marco regulador para todas las empresas del sector.

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