La Sección Sindical de UGT FICA en Iberdrola ha denunciado el desahucio del local que venía ocupando en la Torre Iberdrola (Bilbao), en una clara maniobra de presión y persecución que se enmarca dentro de una estrategia continuada de prácticas antisindicales por parte de la dirección de la compañía.
La decisión de expulsar a la representación sindical de la Torre se ha ejecutado de manera unilateral y con plazos manifiestamente insuficientes, pese a que UGT había requerido formalmente a la empresa que, como medida cautelar y por deferencia a la tramitación judicial en curso, no ejecutara la salida ni forzara el traslado hasta que la justicia se pronuncie sobre la controversia de los locales y los derechos de representación. Iberdrola, lejos de atender la prudencia legal solicitada, ha rechazado congelar la medida y ha acudido hoy con presencia notarial para consumar la evacuación de las dependencias sindicales.
El desahucio del local forma parte de una batería de medidas de hostigamiento y coacción iniciadas por la Dirección de Recursos Humanos:
• Retirada de espacios físicos e informativos: Desalojo de locales y supresión de los tradicionales tablones de información en los centros de trabajo.
• Trabas a la comunicación y representación: Obstaculización e interrupción del acceso de presentantes sindicales a los centros, discriminación en el envío de correos colectivos a la plantilla e incumplimiento de los acuerdos internos consolidados durante más de 30 años.
Todas estas actuaciones se encuentran ya impugnadas y pendientes de resolución ante la Audiencia Nacional. UGT advierte de que una eventual condena a Iberdrola por vulneración de la libertad sindical entraña un riesgo real y directo sobre la actividad comercial de la empresa, ya que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público contempla la exclusión automática de las licitaciones de obras e inversiones públicas a las organizaciones sancionadas por vulnerar derechos laborales y fundamentales.
Pretextos empresariales frente a ganancias multimillonarias
La escalada represiva de la compañía contra los representantes de los trabajadores comenzó a raíz del rechazo de la representación social al ultimátum de la empresa en la negociación del convenio colectivo. Mientras la inflación se situaba en el 4,9%, la dirección pretendía imponer una subida del 1,25% (y abonar apenas un 0,7% frente al 3% fijado en el acuerdo interconfederal para ejercicios anteriores).
Resulta incomprensible que la que pretende erigirse como la primera eléctrica del mundo justifique estos recortes y el desahucio de sus sindicatos mientras presenta unos beneficios netos récord de 6.285 millones de euros en 2025 —de los cuales el 46% procede directamente del negocio en España— y reparte cuantiosos dividendos y bonus a la alta dirección.
UGT recalca que no aceptará que la empresa justifique la desarticulación de la acción sindical bajo el pretexto de obras organizativas y reitera que continuará defendiendo en todas las instancias judiciales y ante los organismos éticos e inversores los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y del sindicalismo en Iberdrola.
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