UGT Euskadi ha calificado de «hito administrativo» la resolución favorable emitida por la Dirección Provincial de Bizkaia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por la cual se reconoce el derecho a una indemnización de 32.207 euros a cargo del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto a favor de un afiliado de Barakaldo, enfermo cuando se iniciaron los trámites, pero fallecido ya a causa de las secuelas de la exposición a este material.
El procedimiento, gestionado de manera integral por los departamentos de Salud laboral y los servicios jurídicos de UGT Euskadi, supone un logro dada la rigidez y complejidad burocrática que habitualmente rodea las solicitudes presentadas ante este fondo estatal, regulado por la Ley 21/2022 y desarrollado por el Real Decreto 483/2025.
El trabajador afectado estuvo expuesto durante años al asbesto en varias empresas vizcaína de construcción y reformas. En octubre de 2021, el sindicato impulsó el inicio del expediente por sospecha de enfermedad profesional tras diagnosticársele una Neumoconiosis grave (asbestosis) debido a la inhalación de fibras minerales, patología por la que recibió un prolongado tratamiento en el Servicio de Neumología del Hospital de San Eloy de Barakaldo.
El éxito de la reclamación radica en la exhaustiva labor de acreditación previa realizada por el sindicato. UGT Euskadi logró que, en mayo de 2022, el INSS aprobara la incapacidad permanente en su grado de Total derivada de contingencia profesional. Este reconocimiento administrativo firme resultó determinante para que, posteriormente, el Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto emitiera el certificado idóneo exigido por la nueva normativa.
La resolución definitiva del INSS aprueba el abono de la cuantía en un único pago a la sucesión legal del afiliado y recalca de manera explícita que, conforme a la legislación fiscal vigente, esta compensación tiene la consideración de renta exenta a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Desde UGT se pone en especial valor este dictamen, ya que la tramitación de estas ayudas con el INSS suele convertirse en un laberinto burocrático que desincentiva o excluye a la mayoría de las personas afectadas y a sus familias. «Este caso demuestra que la acción sindical rigurosa y el acompañamiento técnico continuo logran romper barreras legales, haciendo justicia activa, aunque sea de forma póstuma, para quienes perdieron la salud trabajando», han destacado desde la organización.
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