UGT Irakaskuntza ha demandado a la Consejería de Educación del Gobierno vasco más negociación y cumplimiento de los acuerdos, en la reunión mantenida a última hora de esta mañana, además de criticar su actitud ante el retraso de la OPE “ningún sindicato pusimos objeción a retrasar un año su convocatoria y, sin embargo, la Consejería se lo está pensando”. UGT demanda cordura ante la pandemia del COVID19 que estamos viviendo y exige que los criterios sanitarios primen ante cualquier otro para reanudar la actividad en las aulas.
No obstante, UGT Irakaskuntza ha dado a conocer a la Consejería sus premisas antes de la apertura de centros escolares que, a falta de conocer en detalle las propuestas del proceso de desescalada en el ámbito educativo anunciadas por el Gobierno, se deben realizar pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores/as que desempeñen actividades en los centros y tratamiento individualizado de cara a la actividad presencial, de las personas especialmente vulnerables: diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales o pulmonares crónicas, hipertensión, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo o personas mayores de 60 años.
UGT considera urgente la desinfección previa y medidas periódicas de limpieza general del centro: aulas y el resto de instalaciones y disponibilidad de jabones desinfectantes de uso rápido en todas ellas, así como proporcionar a los trabajadores, antes del inicio de la actividad, equipos de protección individual, limitar a las estrictamente imprescindibles las horas presenciales en los centros y disminuir la ratio del alumnado
UGT advierte que es necesario además establecer protocolos de actuación con medidas concretas sobre distanciamiento, eliminación de residuos, qué hacer en caso de alumnado o personas trabajadoras con síntomas…
Para el sindicato, parece más que razonable que la actividad lectiva presencial no se reanude hasta el mes de septiembre.
UGT recuerda que el fin de los centros educativos no es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aunque sean un importante elemento conciliador. Tener en cuenta solamente este enfoque es erróneo e injusto para los trabajadores/as de la Educación. Deben ser las Administraciones Públicas quienes garanticen al conjunto de las personas trabajadoras las medidas de conciliación. Así se lo venimos exigiendo desde UGT a las administraciones en todos los ámbitos.
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