UGT Zerbitzu Publikoak ha logrado la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera.
El fallo judicial, dictado el 21 de abril de 2026 por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Eibar, condena al Gobierno Vasco al pago de 45.938€ y 39.401€ (más intereses procesales) a dos afiliadas del sindicato. Ambas trabajadoras de Lanbide permanecieron durante años en situación de fraude de contratación temporal hasta que lograron su plaza fija a través de los procesos selectivos de estabilización (OPE de consolidación) de 2022.
Esta resolución marca un precedente jurídico de relevancia nacional, apoyándose en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La sentencia fundamenta dos pilares clave para la defensa del personal del sector público:
- Insuficiencia del «Indefinido no Fijo»: Determina que convertir contratos temporales en la figura de «indefinido no fijo» no constituye una sanción proporcional ni adecuada contra el abuso de la temporalidad.
- Sanción por daños pasados: Establece que el hecho de que una persona trabajadora supere un proceso selectivo y obtenga la fijeza no exime a la Administración de su obligación de sancionar el abuso previo y reparar los daños morales y materiales sufridos durante los años de precariedad.
Desde los Servicios Jurídicos de UGT Euskadi, señalan que estas dos demandas ganadas “son solo el inicio de una ofensiva legal mayor”. Actualmente, el sindicato gestiona un conjunto de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide que se encuentran en situaciones idénticas y para las que se espera un fallo en el mismo sentido.
Tal y como han afirmado desde UGT Zerbitzu Publikoak, esta sentencia “abre una vía de esperanza para cientos de afiliadas que ya cuentan con sentencias favorables de reconocimiento de fijeza y cuyos casos están pendientes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la espera de la aplicación de los últimos dictámenes europeos».
UGT celebra este éxito jurídico como una victoria necesaria para la dignidad de las empleadas y los empleados públicos, y un aviso claro a las administraciones sobre la necesidad de cumplir con la normativa laboral europea.
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