Publicado en El Correo y Diario vasco

Dijo Joxean Artze que una lengua no se pierde porque quienes la desconocen no la aprenden, sino porque quienes la conocen no la hablan. El autor de uno de los himnos más universales de nuestra cultura, Txoria txori, cargaba así la responsabilidad de preservar el euskera en los hombros de las personas que, conociendo la lengua, no la practican.

Pero incluso cuando ha pasado medio siglo desde que el euskera pudo volver a la esfera pública y existen instituciones que lo impulsan, sería injusto hacer recaer sobre las y los euskaldunes la tarea de resguardar un patrimonio tan valioso. Tan injusto como implantar un proceso de normalización en la administración a costa de los derechos laborales de miles de trabajadores y trabajadoras, cebándose además en las más débiles, las que carecen de estabilidad y las de mayor edad.

Desde la legitimidad histórica de haber combatido el alzamiento militar que proscribiría la lengua vasca, y de haber participado en la consolidación de las instituciones que han permitido recuperarla, desde UGT defendemos el euskera como patrimonio cultural, social y lingüístico de este pueblo. Apoyamos su normalización progresiva en todos los ámbitos para que se convierta en lo que todo idioma debe ser, una vía de encuentro y comunicación entre personas. Precisamente por eso, nos oponemos a su uso como herramienta de exclusión y discriminación laboral. Es lo que sucede en el sector público, donde se impone una normalización exprés sin atender a las diferentes realidades de conocimiento y uso.

No negamos que la euskaldunización requiere de políticas efectivas que, paulatinamente, garanticen los derechos lingüísticos de quienes quieren relacionarse en euskera con la administración. Pero como sindicato, siempre defenderemos que ampliar derechos no puede acarrear la pérdida de otros. Porque no es justo que el fracaso de las políticas públicas encuentre culpables en el eslabón más frágil.

Ante el último decreto del Euskera presentamos, sin éxito, numerosas alegaciones, buscando consenso para avanzar en la normalización en el seno de la función pública, pero garantizando el derecho universal a optar a la misma. Decimos optar, porque nadie duda de que acreditar un perfil debe dar prioridad. El problema no es priorizar a quien lo tiene, sino excluir a quien no. Una cosa es aceptar ponerse a la cola, y otra muy distinta tolerar que te impidan entrar. Con el agravante de ser el lugar al que llevas muchos años entrando sin condiciones. Quizá debieron existir antes, pero es el legislativo quien debe asumir ese error, no una plantilla que bastante ha sufrido con tasas de interinidad escandalosas.

Hablamos de gente que lleva hasta 20 años sin que le exigieran tal requisito y sin que (según el puesto) esto supusiera un problema. Y de pronto, se le niega la opción siquiera a presentarse al proceso de consolidación. Esto supone un atropello, y es ante la vulneración de los derechos laborales cuando entra en juego un sindicato. Máxime cuando las consecuencias las pagan quienes menos culpa tienen. Porque lo cierto es que crean más plazas perfiladas en categorías inferiores para inflar el porcentaje de acreditación; se niega la exención del euskera a personal interino que lleva décadas en la administración y mayor de 45 años; se niega a trabajadoras y trabajadores vascos una exención que sí conceden a extracomunitarios; y se exige perfil a no poca gente que lleva lustros en un puesto sin trato con la ciudadanía.

Y defender los derechos de las personas afectadas no es atacar el euskera. Tildarlo de tal es una manipulación interesada. En nada ayuda, ni a la normalización de la lengua, ni al consenso necesario en torno a la misma. Porque si un sindicato lograra, por ejemplo, acortar los turnos de las urgencias sanitarias por abusivos, ¿alguien pensaría que ese sindicato “odia” la sanidad? Difícilmente. Exigirían a la administración más personal.

Y en coherencia, exigimos más recursos públicos para impulsar el euskera, pero no contra los derechos de las y los trabajadores de la administración. Porque más allá de propaganda interesada, un sindicato tiene como prioridad la defensa de los derechos laborales, y acude a la justicia para enmendar medidas lesivas.

Cabe preguntarse qué hacen otras organizaciones cuando su afiliación se ve en perjuicio por las mismas circunstancias y acude a las sedes exigiendo hacer valer sus derechos en base a sentencias ganadas por UGT. Nosotras y nosotros no renegamos de nuestra vocación sindical. Solo quien tiene otras prioridades usa el euskera como arma arrojadiza.

Como parte del pueblo que tiene la suerte de preservarlo, desde UGT siempre defenderemos el euskera. Asumiendo nuestras carencias y el largo camino que nos queda, aunque con el orgullo de haber dado ya pequeños pasos. Y por eso rechazamos el uso torticero de la lengua vasca como estrategia sindical. Hay quien dedica tiempo a alimentar odios inexistentes, haciéndole al euskera un flaco favor. Quizá deban explicar por qué lo hacen.

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