Vectalia Txorierri se ha manifiestado desde la Plaza San Pedro hasta el Palacio de la Diputación foral, en Gran Vía, lugar al que han llegado las manifestaciones de Ezkerraldea Meatzaldea (EMB), que parten de EITB y Busturia Lea Artibai (BLB), que parte de Juan de Garay (Torre Urizar). Los trabajadores de Vectalia Enkarterri se han incorporado a las otras manifestaciones, que han confluido ante el palacio de la Diputación Foral, en Gran Vía, donde se han concentrado desde media mañana.

Los empleados/as de estas 4 empresas han ido aumentado sus días de paro y huelga, que iniciaron en octubre del año pasado, sin que por el momento las patronales se hayan sentado a negociar de buena fe.

El único Bizkaibus que realiza servicio hoy  es el de Avanza Durangaldea, que acordaron una subida salarial en torno al IPC para este año en el convenio. Representantes sindicales de las otras 4 concesionarias de Bizkaia vienen reclamando a empresas y Diputación la misma subida salarial

Los representantes de UGT siguen reclamando  a la Diputación Foral de Bizkaia, como  responsable del servicio de Bizkaibus, que medie para que se lleve  a cabo una negociación de buena fe y se acuerden incrementos salariales en torno al IPC, para que no existan discriminaciones entre los trabajadores de las distintas concesionarias del servicio.

“Seguimos sin acuerdo, -señala Oscar López, presidente del Comité de BLB- y auguramos un conflicto largo en Bizkaibus con el prejuicio que esto puede acarrear a los ciudadanos”.

Tras once jornadas de huelga por el bloqueo de las negociaciones, ésta propuesta ha surgido de la tercera reunión que han mantenido representantes sindicales y de la patronal del Metal de Bizkaia, con la mediadora nominada por el Gobierno vasco, que ha recogido planteamientos de cada parte para llegar a una resolución de convenio.

Para los representantes del Metal de UGT, la propuesta de mediación, sin contemplar lo que nos hubiera gustado, “si supone un acercamiento respecto de lo último que teníamos sobre la mesa y cumple con distintas premisas, como son  que no se produzca una pérdida de poder adquisitivo, que por la vía de los hechos se reduce la jornada, que ganamos en la aplicación de los permisos retribuidos y que no se ha producido ningún retroceso sobre condiciones anteriores.

La propuesta contempla una  vigencia de 4 años (de 2022 a 2025) , con subidas salariales del 6,5% para el 2022, el 4% para el 2023; el 2% para el 2024 y el 2,5% para el 2025, con revisión salarial si el IPC acumulado supera el incremento aplicado del 15% con efectos a enero de 2026.

Entre otras cuestiones, se establece un  día de libre disposición a partir del 2023 con carácter recuperable; para  2024, 2 horas tendrán la consideración de no recuperables y en 2025, otras 2 (sumando un total de 4).

En cuanto a los permisos retribuidos se iniciarán su disfrute el primer día laborable posterior al hecho causante y el resto de los días se estará a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El resto de cuestiones incluidas en la propuesta de mediación ya estaban aceptadas con anterioridad en mesa negociadora, como son la inclusión del colectivo LGTBIQ+ en el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, un incremento del seguro hasta los 28.000€, inclusión en la clausula de subrogación de las actividades de instalación, mantenimiento de fibra óptica y telefonía, así como la redacción de la garantía mínima para evitar interpretaciones contrarias a su aplicación.

Ayer, las representantes sindicales presentaban ante el Gobierno vasco la convocatoria de huelga de esta semana, que va a ser ya la tercera de huelga, después de que a principios de noviembre decidieran reanudar las protestas tras el largo periodo de restricciones del COVID 19. La primera semana de diciembre y la primera de enero han llevado a cabo huelga y movilizaciones ante la patronal, Gobierno vasco , Diputación y Ayuntamiento de Bilbao, a quienes apuntan como principales responsables de la situación.

UGT califica de ofensa la oferta que mantiene en el tiempo la patronal en la mesa de negociación, que se atreve a plantear a las trabajadoras “olvidarse de los incrementos salariales de 2015 a 2022 y un 1% para cada uno de los años 2022, 2023 y 2024. Mientras, las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, han ido aumentando progresivamente el precio/ hora en los pliegos de adjudicación, subida que no repercute en el salario de las trabajadoras. “Con esta propuesta, las trabajadoras perdemos más de un 17% de poder adquisitivo de nuestros salarios, empobreciendo aún más nuestras condiciones de trabajo”.

Las jornadas de huelga se llevarán a cabo de forma conjunta UGT y CCOO y, de forma coincidente, con ELA.

El Gobierno vasco aprobó en julio de 2021 una resolución en la que se establecía como “requisito de admisión” para una bolsa de policías locales interinos el acreditar un nivel B2 de euskera. “Un obstáculo insalvable para cientos de aspirantes”, manifiesta José Luis Ahedo, responsable de foral y local de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, quien advierte que por dicha normativa se vieron impedidos de participar en este listado de aspirantes a policía locales que utilizan cientos de municipios vascos para realizar sustituciones o compensar la falta de efectivos mientras se realizan las diferentes Ofertas de Empleo Público (OPE), que se coordinan desde el Gobierno vasco con una formación única en la Academia de la Ertzaintza de Arkaute.

La firmeza de la sentencia viene a reafirmar el fallo de la sentencia dictada por la magistrada del juzgado n° 2 de Vitoria donde se daba la razón a UGT, desde  la perspectiva de este sindicato de que “dejaba fuera a toda la población que no pueda acreditar ese perfil y que podría ocupar legalmente determinadas plazas en las que tampoco se requiere, por  lo que ya en julio de 2022  ordenaba que se readmita en la lista de interinos a todos los candidatos que en su día se quedaron fuera por no tener el título de euskera.

«No tiene sentido que se excluya a aspirantes que pueden acabar trabajando en pueblos castellano hablantes porque no han acreditado un nivel alto de euskera”, señala José Luis Ahedo.

Ahora, con esta nueva diligencia de ordenación, notificada a este sindicato  el 10 de enero, la Academia de Arkaute tiene dos meses para ejecutar la sentencia, es decir para que se  readmita en la lista de interinos a todos los candidatos que en su día se quedaron fuera por no tener el título de euskera.

Durante la concentración han hecho público un comunicado denunciando dicha situación, exigiendo el  cumplimiento de la normativa regulatoria de Horas Extraordinarias, la  organización del trabajo en jornadas de 8 horas y unas  condiciones de trabajo que no pongan en entredicho ni nuestra Salud, ni la Seguridad de la planta industrial.

Han recordado que el pasado 11 de enero iniciaban un calendario de movilizaciones para conseguir un convenio con mejoras laborales. “Llevamos desde diciembre 2019 con el convenio caducado y con nuestro salario y condiciones de trabajo congeladas. Hemos mantenido más de doce reuniones sin lograr avances en la negociación”, denunciaban  durante la movilización de hoy, en la que han explicado que “muchas de las  iniciativas que incluimos en nuestra plataforma van orientadas a resolver uno de los principales problemas que tenemos: la organización del trabajo en base a horas extraordinarias de manera sistemática como consecuencia de la falta de personal.”

Advierten que el número de horas extra que se registran en Petronor año tras año es inasumible, llegando al “record histórico de 67.865 horas extras en 2019;  30.958 en 2020 (año del COVID), 30.817 en 2021, año en que aplicaron a los trabajadores un ERTE,  que fue declarado injustificado, y en 2022, a fala de datos de diciembre, hasta noviembre se llevan contabilizadas 36.891, según los datos facilitados por la dirección. En total, en torno a 167.000 horas extras en los últimos 4 años. El equivalente a las jornadas anuales de más de cien trabajadores en Petronor”.

Denuncian que detrás de todas y cada una de estas horas extraordinarias hay personas que ven vulnerado su derecho a conciliar y descansar, pues la mayor parte de ellas son obligatorias. “Personas que no pueden abandonar una unidad en marcha, en una refinería, porque la empresa no les facilita un relevo, a pesar de tener personal disponible. Muchos compañeros y compañeras que tienen que acometer trabajos de mantenimiento en emergencias, o durante una parada organizada en turnos de 12 horas. Muchas personas que no pueden conciliar su vida e incluso no pueden atender sus obligaciones familiares porque la dirección incumple sus responsabilidades.”

El Comité denuncia que Petronor ha acumulado  más de 300 millones de beneficios netos en los nueve primeros meses del 2022, sin embargo, en los últimos meses ha amortizado diez puestos de trabajo, 4 en Mantenimiento y 6 en Producción. Estos son en los departamentos donde se generan la mayoría de estas horas extraordinarias.

“Y lo que resulta totalmente INACEPTABLE, es que Inspección de Trabajo sea conocedora de esta situación y la permita. Esto la hace cómplice -manifiestan- de unas vulneraciones sistemáticas que no quiere atajar.”

Los representantes sindicales aclaran que, año a año, las resoluciones que Inspección de Trabajo viene emitiendo contra Petronor son de multas administrativas de 3 o 6 mil euros, lo que “en una empresa con  beneficios como Petronor, suena a chiste. En algunas ocasiones se limita a advertencias verbales o llamamientos a la negociación. La dirección no está interesada en buscar una solución a esta problemática ya que le sale mucho más rentable pagar este tipo de sanciones meramente simbólicas.”

Denuncian que  “esta lacra se extiende a muchas empresas, grandes y pequeñas, así como a las subcontratas. Este modelo basado en la organización del trabajo en base a horas extraordinarias es estructural. Por eso venimos hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo, a denunciar la pasividad que mantiene hacia empresas como Petronor, a reclamar acción, a decirle que estamos cansados de que se rían de nosotros y nosotras. “

UGT ha denunciado  ante la Junta de Contratación de la Tesorería de la Seguridad Social de Bizkaia la suspensión de los contratos de los vigilantes de Seguridad Privada que prestan sus servicios en las instalaciones del Centro Intermutual de Artxanda, en Bilbao, debido a una irregularidad en  la adjudicación del servicio a una nueva empresa.

Estos trabajadores se encuentran con sus contratos suspendidos, desde el 2 de enero, e inmersos en una situación de ERTE al haber concluido el contrato que unía a su anterior empresa Seyvi Seguridad S.L.y no haber comenzado a prestar servicios la nueva adjudicataria por requerimientos administrativos. UGT denuncia que nuevamente son los trabajadores los que pagan las consecuencias de las gestiones entre empresas y Administración conculcando su derecho a ser subrogados.

Por todo ello UGT ha solicitado una reunión urgente con la dirección provincial de Bizkaia de la TGSS para buscar una solución inmediata a la situación en la que se encuentran los vigilantes de seguridad encargados de la ejecución del contrato.

El Indice de Precios al Consumo (IPC) ha terminado el año en el 5,4, en Euskadi, aunque levemente por debajo de la media estatal (5,7), “su moderación en los últimos meses no se ha trasladado a la cesta de la compra”, advierte Dani González, Secretario de Política Sindical e Institucional de UGT-Euskadi.

UGT-Euskadi alerta de las más de 350.000 personas trabajadoras vascas que a finales de año tenían pendiente de renovar los convenios, con una inflación que “a pesar de haberse moderado en los últimos meses no se ha trasladado a los precios de alimentos básicos, con los efectos devastadores  para los bolsillos de las  personas trabajadoras vascas”, manifiesta Dani González. De hecho, en el  índice interanual marca una subida  15,1 en el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas, en Euskadi, al cierre del año 2022.

El representante de UGT-Euskadi sigue abogando y reclamando a las patronales vascas que se sienten a negociar de buena fe, especialmente en aquellos convenios que llevan años sin subidas salariales. “La posición de la patronal nos está llevando al conflicto en sectores como el de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, con 7 años sin subida salarial, el de Oficinas y Despachos que lleva 10 años en Euskadi sin convenio o el del Metal de Bizkaia y el de Bizkaibus, en los  que lejos de plantear subidas salariales plantean recortes en salarios y en derechos laborales”.

Dani González advierte que “las empresas no tardaron en transferir al consumidor sus crecientes costes de producción, cuando se dispararon los precios del gas,  y ahora, continúan aprovechando la situación manteniendo los precios elevados, a pesar de que el coste de la materia prima se haya reducido.”