Por Emilia Málaga. Secretaria para la Igualdad de UGT-Euskadi
Se ha planteado a lo largo del verano, desde diversos ámbitos, cuál debe ser el modelo de atención jurÃdica para los inmigrantes residentes en la CAPV, debate propiciado por el cierre del servicio HELDU. Más allá de las diversas posturas sobre el asunto, lo cierto es que el enfoque vuelve a ser, una vez más, insuficiente, al dejar de lado los problemas de los inmigrantes en situación regular que no están en una situación de especial vulnerabilidad.
Echando la vista atrás podrÃamos recordar cómo el aumento de la población inmigrante en la CAPV les pilló a las Administraciones con el paso cambiado. Era una “ciudadanÃa de segunda”, y amargas fueron las batallas que tuvimos que librar por la equiparación de derechos, como la relativa a la asistencia sanitaria, que no se quiso universalizar -habiendo competencias para hacerlo- hasta que una Ley Orgánica (es decir, el Estado) obligó a ello. Más tarde hubo un intento de recuperar el tiempo perdido, con planes y servicios de resultado dispar.
Al margen del mayor o menor acierto con que se ha ido abordando la materia, ha venido adoleciendo en su enfoque de una ausencia llamativa: el tratamiento de la inmigración regular. Los últimos debates sobre el modelo de atención jurÃdica no han hecho más que poner de manifiesto una verdad demasiado pesada para los miles de ciudadanos y ciudadanas que necesitan una respuesta especÃfica que vaya más allá de su mera condición administrativa.
Un tercio de los nuevos desempleados en Euskadi son inmigrantes. Es un dato puro y, sobre todo, duro, ajeno al juego polÃtico. Sin embargo, el debate está en otro sitio y, una vez más, parece que no alcanzará a dar soluciones para estos trabajadores y trabajadoras. Nunca en la CAPV se ha abordado en serio la integración laboral de los inmigrantes (en un primer momento lo que tocaba eran los aspectos más sociales de su integración y posteriormente no parecÃa tan necesario en una economÃa que los absorbÃa bien). ¿Y ahora? Ahora el Gobierno Vasco deberÃa aprovechar el Diálogo Social abierto con sindicatos y empresarios, para abordar, de una vez por todas, una materia en la que Euskadi se está quedando rezagada.
Es evidente que las necesidades concretas requieren de soluciones especÃficas. La atención jurÃdica de los inmigrantes requiere de una respuesta especÃfica. Vaya por delante que UGT-Euskadi defiende que, si no se puede hacer desde el ámbito exclusivamente público, dicha atención regrese a los Colegios de Abogados. Que la misma recayera fundamentalmente en otro tipo de organizaciones abocarÃa a sus gestores a depender exclusivamente de las subvenciones, con las incertidumbres y servidumbres que ello conlleva. Este es un modelo superado y serÃa un paso atrás regresar a él. Pero, sea cual sea el modelo por el que se opte, lo que es seguro es que no va a ayudar a resolver ninguno de los problemas que tiene la mayorÃa de la población inmigrante en situación regular.
Tenemos la obligación, entre todos, de afrontar una polÃtica integral de inmigración, que abarque las necesidades de regulares e irregulares Esta es la “piedra de toque”, el meollo de la cuestión: ser capaces de enfocar a todo el colectivo. Las personas en situación irregular tienen que tener garantizada su atención. Pero esto es sólo el primer paso; de poco servirá, incluso si se la acompaña con itinerarios de inserción, si no somos capaces de responder a sus necesidades una vez alcancen la regularidad. Hay que poner el foco de la inmigración en su integración laboral, que es la única que garantiza una verdadera integración social.
Ya no es una cuestión de responsabilidad, sino de necesidad. Y se nos acaba el tiempo. Hay ejemplos en toda Europa que demuestran que, o hacemos las cosas bien, o los problemas que se han venido dando en Francia, en Italia y otros paÃses, derivados de la inexistencia de una verdadera polÃtica de inmigración, nos llegarán más pronto que tarde y ya no valdrá de nada decir que de aquellos polvos vinieron estos lodos.
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