Uno de los cambios más importantes de la sociedad española en los últimos años, ha sido, sin duda, el papel protagonista que han ido asumiendo las mujeres en todos los ámbitos y sin el que no pueden entenderse las transformaciones que ha experimentado esta sociedad. En este tiempo, muchos han sido los avances en materia de igualdad de mujeres y hombres. La mayor participación de las mujeres en la vida política, económica, laboral, social y cultural, ha venido acompañada de la promulgación de normas específicas que prohíben la discriminación y promueven la igualdad en todos los ámbitos.
Pero ni las normas, ni la voluntad de incorporar la perspectiva de género al conjunto de políticas públicas, han sido suficientes para acabar con la desigualdad y la discriminación, para que esa participación en todas las esferas de la sociedad lo sea en las mismas condiciones.

Una sociedad que permita la discriminación por cualquier motivo, y que acepte la desigualdad de una parte de la población como una situación inmutable, no avanza y no podrá ser calificada de justa y democrática. Una sociedad que no entienda e integre el valor de la igualdad desaprovecha oportunidades. Frente a los discursos que individualizan la desigualdad y discriminación de las mujeres, como un problema exclusivamente de las mujeres, solo cabe la respuesta de considerarnos todas y todos concernidos, afectados y emplazados a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, asumiendo así un compromiso individual y colectivo. Porque la lucha a favor de un trato igual es una lucha de valores. En el modelo de sociedad que defiende UGT, la igualdad es uno de los pilares en los que se basa el Estado social y democrático de derecho y no podemos ni olvidarlo, ni permitir excepciones.

La Unión General de Trabajadores considera un deber la defensa de la igualdad y la reivindicación de que mujeres y hombres han de tener las mismas oportunidades de participación. Somos conscientes de que el trabajo, es un reflejo de la sociedad, y con demasiada frecuencia, la desigualdad laboral de las mujeres se traduce o se suma a desigualdades en otros ámbitos. Sabemos de nuestra responsabilidad, como organización sindical, en la formulación de propuestas encaminadas a conseguir un empleo de calidad, transformando el trabajo en un espacio más humano, solidario, justo y democrático, como condición indispensable para el progreso y la base ética sobre la que se formula toda nuestra acción.

A lo largo de más de 120 años de historia, nuestra Organización ha trabajado para erradicar la desigualdad. Este compromiso, no puede entenderse hoy sin la lucha continuada a favor de la igualdad efectiva de las mujeres y los hombres.

Ya en 1997, planteábamos como cuestión prioritaria en la negociación colectiva, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva.

Sin embargo la realidad nos ha mostrado que sin un sustento legal la negociación colectiva sólo contempla determinadas materias y en determinados ámbitos, con lo que se ha mostrado claramente insuficiente para abordar y dar solución a los grandes problemas que las mujeres vienen sufriendo en el ámbito laboral: el peor acceso al empleo, el mayor desempleo, la precariedad laboral traducida en mayor temporalidad y empleo a tiempo parcial, las dificultades para conciliar vida familiar y laboral con el consiguiente abandono, en muchos casos, del mercado de trabajo para cuidar de la familia y la difícil reincorporación a posteriori, las dificultades para acceder a puestos de mando y/o responsabilidad, la discriminación salarial, etc.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres abre en nuestro país, un nuevo marco en el ámbito de las relaciones laborales entre trabajadoras y trabajadores, con las empresas donde desempeñan su labor diaria.

Con esta Ley se pretende combatir todas las manifestaciones subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, removiendo los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.

El deber de negociar medidas y planes de igualdad supone un mandato legal importante para abordar las discriminaciones, allí donde tienen un mayor peso específico, las empresas, y por ello el Observatorio de Medidas y Planes de Igualdad en la Negociación Colectiva de UGT, resulta un instrumento valioso en el campo del análisis cualitativo del cumplimiento de los mandatos de la Ley de Igualdad, así como de la evolución de la situación de las trabajadoras en el ámbito laboral.

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Análisis de medidas de planes de igualdad en la negociación colectiva

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Uno de los cambios más importantes de la sociedad española en los últimos años, ha sido, sin duda, el papel protagonista que han ido asumiendo las mujeres en todos los ámbitos y sin el que no pueden entenderse las transformaciones que ha experimentado esta sociedad. En este tiempo, muchos han sido los avances en materia de igualdad de mujeres y hombres. La mayor participación de las mujeres en la vida política, económica, laboral, social y cultural, ha venido acompañada de la promulgación de normas específicas que prohíben la discriminación y promueven la igualdad en todos los ámbitos.
Pero ni las normas, ni la voluntad de incorporar la perspectiva de género al conjunto de políticas públicas, han sido suficientes para acabar con la desigualdad y la discriminación, para que esa participación en todas las esferas de la sociedad lo sea en las mismas condiciones.

Una sociedad que permita la discriminación por cualquier motivo, y que acepte la desigualdad de una parte de la población como una situación inmutable, no avanza y no podrá ser calificada de justa y democrática. Una sociedad que no entienda e integre el valor de la igualdad desaprovecha oportunidades. Frente a los discursos que individualizan la desigualdad y discriminación de las mujeres, como un problema exclusivamente de las mujeres, solo cabe la respuesta de considerarnos todas y todos concernidos, afectados y emplazados a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, asumiendo así un compromiso individual y colectivo. Porque la lucha a favor de un trato igual es una lucha de valores. En el modelo de sociedad que defiende UGT, la igualdad es uno de los pilares en los que se basa el Estado social y democrático de derecho y no podemos ni olvidarlo, ni permitir excepciones.

La Unión General de Trabajadores considera un deber la defensa de la igualdad y la reivindicación de que mujeres y hombres han de tener las mismas oportunidades de participación. Somos conscientes de que el trabajo, es un reflejo de la sociedad, y con demasiada frecuencia, la desigualdad laboral de las mujeres se traduce o se suma a desigualdades en otros ámbitos. Sabemos de nuestra responsabilidad, como organización sindical, en la formulación de propuestas encaminadas a conseguir un empleo de calidad, transformando el trabajo en un espacio más humano, solidario, justo y democrático, como condición indispensable para el progreso y la base ética sobre la que se formula toda nuestra acción.

A lo largo de más de 120 años de historia, nuestra Organización ha trabajado para erradicar la desigualdad. Este compromiso, no puede entenderse hoy sin la lucha continuada a favor de la igualdad efectiva de las mujeres y los hombres.

Ya en 1997, planteábamos como cuestión prioritaria en la negociación colectiva, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva.

Sin embargo la realidad nos ha mostrado que sin un sustento legal la negociación colectiva sólo contempla determinadas materias y en determinados ámbitos, con lo que se ha mostrado claramente insuficiente para abordar y dar solución a los grandes problemas que las mujeres vienen sufriendo en el ámbito laboral: el peor acceso al empleo, el mayor desempleo, la precariedad laboral traducida en mayor temporalidad y empleo a tiempo parcial, las dificultades para conciliar vida familiar y laboral con el consiguiente abandono, en muchos casos, del mercado de trabajo para cuidar de la familia y la difícil reincorporación a posteriori, las dificultades para acceder a puestos de mando y/o responsabilidad, la discriminación salarial, etc.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres abre en nuestro país, un nuevo marco en el ámbito de las relaciones laborales entre trabajadoras y trabajadores, con las empresas donde desempeñan su labor diaria.

Con esta Ley se pretende combatir todas las manifestaciones subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, removiendo los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.

El deber de negociar medidas y planes de igualdad supone un mandato legal importante para abordar las discriminaciones, allí donde tienen un mayor peso específico, las empresas, y por ello el Observatorio de Medidas y Planes de Igualdad en la Negociación Colectiva de UGT, resulta un instrumento valioso en el campo del análisis cualitativo del cumplimiento de los mandatos de la Ley de Igualdad, así como de la evolución de la situación de las trabajadoras en el ámbito laboral.

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