Los representantes de UGT Euskadi han manifestado que siguen sin estar de acuerdo con el proyecto, pero que “somos una organización sindical que antepone la negociación y el acuerdo en la búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo del personal empleado público, por ello realizamos estas aportaciones”.
Principales contenidos de las aportaciones de UGT-Euskadi:
“El Proyecto presentado por el Gobierno Vasco no nos resulta extraño, pues su contenido es muy similar al presentado en la anterior legislatura ante el Parlamento Vasco. Ni entonces ni ahora ha sido posible el acuerdo, precisamente por falta del necesario diálogo y negociación por parte de la Viceconsejería de Función Pública.
En este nuevo modelo se asientan nuevos contenidos como el complemento de carrera profesional y la evaluación del desempeño del puesto, instrumentos sobre los que pivotan aspectos tan esenciales como la provisión, el desarrollo y la promoción del personal empleado público y que no pueden implementarse sin acuerdo.
Acuerdo igualmente necesario para limitación de la figura de personal directivo que no entendemos comprensible en puestos de trabajo de la Administración Pública, pues supone desvirtuar su principio de objetividad e imparcialidad.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Euskadi defendemos un modelo bilingüe de Administración vasca pero atendiendo a la realidad socio-lingüística y sin perder perspectiva con la actual situación, manteniendo por tanto el derecho del personal monolingüe a la provisión, la carrera, el desarrollo y la promoción interna así como de la ciudadanía monolingüe al acceso al empleo público.
No haremos tampoco dejación del legítimo derecho de respeto a los acuerdos alcanzados y por tanto nuestra reivindicación de recuperación de los derechos arrebatados o suspendidos con la justificación de la crisis. Por eso la FeSP-UGT Euskadi plantea la obligatoriedad de los Acuerdos alcanzados y una cláusula de garantía.
El objetivo de abanderar la mejora de las medidas de conciliación y su adaptación progresiva a la evolución social, y la necesidad de asegurar un adecuado procedimiento de Oferta de Empleo Público que estabilice las plantillas tras años sin procesos selectivos son otros aspectos que conllevan alcanzar un consenso.
Sin embargo, a todo lo anteriormente expuesto el Gobierno Vasco ha hecho caso omiso, esperamos que en esta comparecencia y el curso de la tramitación parlamentaria hagan posible un cambio en cuestiones tan importantes para los empleados/as públicos y para la ciudadanía en general, las aportaciones que realiza este Sindicato siempre buscan no solo la defensa y mejora de condiciones laborales si no la mejora de los servicios públicos en general.
Aunque ya hemos remitido a todos los grupos parlamentarios nuestras aportaciones artículo por artículo en anteriores ocasiones, si nos gustaría hoy y dado que nos dan la oportunidad, recalcar algunas cuestiones fundamentales para este sindicato.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
En una Ley que se denomina “de empleo público” donde los trabajadores y trabajadoras, opositores y opositoras se van a ver afectados por el articulado de esta ley para el acceso a un empleo público es de recibo que los representantes de los trabajadores y trabajadoras participen activamente en todos los ámbitos, comisiones u órganos que tengan que ver con la aplicación de esta Ley, la aplicación de esta ley necesita un consenso desde la buena fe negocial.
PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Para Esta organización sindical vemos como esta Ley no apuesta por unos servicios completamente públicos, todos los días estamos viendo como el estado del bienestar de la ciudadanía depende de la calidad de estos servicios. Hoy más que nunca el Parlamento Vasco debe velar porque los servicios públicos no se privaticen.
Continuamente visualizamos como sibilinamente la administración privatiza servicios, rebotando gestiones publicas a entes privados o subcontratando servicios privados como la limpieza y mantenimiento, principalmente.
Esta Ley debería blindar los servicios públicos, unos servicios públicos esenciales como la enseñanza o la sanidad, no deben estar expuestos continuamente al riesgo de la privatización, ni a la ideología del partido político que en esos momentos ostente el poder.”
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