El informe se basa en las consultas y asesoramientos que más de 4.000 inmigrantes han llevado a cabo a lo largo del 2006, en la de de oficinas que UGT tiene en 10 comarcas de Euskadi. Las consultas se refieren a trabajadores extracomunitarios, de los que un 68% estaban regularizados y el 32% en situación ilegal.

INFORME SOCIOLABORAL DE MIGRACIONES

UGT-EUSKADI

Con motivo del Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, el 21 de marzo, el Departamento de Migraciones de UGT-Euskadi presenta su informe sobre la situación sociolaboral de los trabajadores extranjeros en la CAV. El año pasado el Departamento abrió 4.093 nuevos expedientes en la red de oficinas con las que cuenta en 10 comarcas de Euskadi, situadas en las sedes de UGT en San Sebastián, Irún, Mondragón, Vitoria, Llodio, Oyón, Bilbao, Barakaldo y Durango. Es en Vitoria, Irún y Barakaldo donde mayor número de consultas sociolaborales se produce.

El primer dato que destaca es que la mayoría de las consultas ya no las realizan las personas en situación de irregularidad sino que, contrariamente a la opinión más extendida, son los regulares quienes más consultas realizan. Tan sólo en Ayala son los irregulares quienes han acudido en mayor medida al servicio, debido fundamentalmente a que el elevado número de personas que se dedica a la venta ambulante entró en menor medida en el proceso de regularización de 2005.

ABUSOS LABORALES

Pese a que el aumento de la regularidad pudiera hacer suponer una mejora en las condiciones laborales, los datos siguen demostrando abusos generalizados a los trabajadores extranjeros.

Los más comunes son los impagos salariales (38% de las denuncias), obligar al trabajador a pagar la cotización a la Seguridad Social (21%), los despidos fulminantes, carentes de causa, forma e indemnización y con la negativa a entregar la documentación necesaria para solicitar la prestación por desempleo en el INEM (16%), el pago con cheques sin fondo, la falta de medidas para la prevención de riesgos laborales, insultos xenófobos por parte de los empleadores, abusos en las jornadas laborales (12 horas de jornada media en hostelería) y obligación de trabajar como falsos autónomos, entre otros.

SERVICIO DOMÉSTICO

En el último proceso de normalización de trabajadores extranjeros, el 60% de las solicitudes que se presentaron en Euskadi fue para el servicio doméstico. Es la mayor puerta de acceso a una situación de regularidad; es también el sector más propenso a los abusos. El 53% de las empleadas en servicio doméstico son víctimas de acoso sexual en algún momento de la relación laboral.

El perfil es el de una mujer joven sin permiso de trabajo o con un permiso inicial y contrato temporal. Por ello no es de extrañar que la mayoría de las consultas relativas a la posibilidad de cambio de actividad laboral provenga de este sector.

Es aquí donde se dan también en mayor medida los insultos xenófobos de los empleadores y se obliga a la trabajadora (ya que aunque hay trabajadores masculinos, en su gran mayoría son mujeres) a pagarse su propia Seguridad Social aun en los casos en los que por ley corresponde al empleador.

VENDIMIA

Si bien podemos decir que prácticamente han desaparecido de los campos los trabajadores en situación irregular, tanto en el plano administrativo (extranjeros sin residencia ni permiso de trabajo regular) como laboral (sin contrato ni Seguridad Social y generalmente unido a lo anterior), lo cierto es que siguen sin resolverse problemas importantes tales como:

El trabajo denominado a destajo (pago por kilos recogidos), completamente generalizado y aceptado tanto por los empresarios como por en general los propios trabajadores, dadas las ventajas económicas y de celeridad que para ambos reporta. Otra cosa es lo que supone para la salud y dignidad del trabajador, generar su salario en base a los kilos de uva cortados.

La total ausencia de medidas de protección frente a los riesgos inherentes a la recogida de la uva que padecen los trabajadores referenciados y que se puede constatar a simple vista.

La práctica de la subcontratación, que consiste, básicamente, en que una persona que asume las funciones de “jefe de cuadrilla” apalabra, por ejemplo, la recogida de uva de una explotación en determinadas condiciones o por determinada cantidad de dinero, que él recibe directamente del agricultor y que reparte entre los miembros de la cuadrilla con criterios a veces abusivos o que, en todo caso, nadie controla.

Al agricultor le ha venido resolviendo su problema fundamental (recoger la cosecha en un tiempo corto, por exigencias climatológicas o de las bodegas) y le ha evitado otras preocupaciones (buscar las personas que necesita; garantizar un clima de trabajo y de convivencia en la cuadrilla; resolver o delegar los problemas de traslado o de alojamiento; simplificar la forma de pago…). No obstante hay que excluir de esta valoración a aquellas cuadrillas que responden a lazos familiares o étnicos (muy frecuente en los grupos integrados por personas portuguesas y marroquíes), donde esta práctica no suele ser fuente de problemas, dado que el pago se suele hacer bien por familias o directamente a cada uno de los integrantes en el otro.

En muchas cuadrillas, sin embargo, no se responde a este esquema, sino que algunas personas controlan la contratación y se forman por conveniencia, precisamente, para facilitar aquélla. Se explota a aquellos trabajadores que por presentar una posición más débil (viajar solo, carecer de apoyos, ser extranjero sin permiso de trabajo, desconocer el idioma, llevar varios días sin encontrar trabajo…) son rechazados por los empresarios cuando van en busca de trabajo.

Obviamente y dada la naturaleza cuasi-delictual de dichas actividades resulta difícil determinar cuál es su grado de extensión, pero lo cierto es que este año y pese a que se ha constatado un sensible aumento en la contratación individualizada hecha a través de la oficina del INEM sita en Laguardia, las mafias han vuelto a operar tal y como se desprende de las manifestaciones vertidas por algunos de los trabajadores antes refereridos.

La alternativa más extendida en cuanto al alojamiento es la de los alojamientos cedidos por los propios agricultores o empresas contratantes. Pese a que en algunos lugares se percibe una mayor sensibilización, llevándose a cabo obras de acondicionamiento de estos locales, normalmente con los recursos del propio agricultor, lo cierto es que en cuanto a las condiciones de habitabilidad, higiénicas o de seguridad, siguen dándose todo tipo de situaciones y siguen sin cumplirse en muchos casos las condiciones mínimas exigibles.

Respecto al trabajo infantil, aunque no hace muchos años era todavía relativamente frecuente encontrar a una familia completa, con todos sus miembros, independientemente de su edad, realizando las tareas de recogida, la sensibilización sobre las consecuencias negativas del trabajo infantil por un lado y, no nos engañemos, la actuación de la Inspección de Trabajo por otro, han hecho que tales prácticas puedan considerarse hoy, si no extinguidas, sí de todo punto excepcionales. Así pues, lo que ahora interesa es determinar cómo pasan su tiempo los miembros mas jóvenes de la familia mientras los miembros adultos trabajan en la recogida de la uva.

Pese a que no podemos hablar de una plena escolarización de todos los menores que junto con sus familias acuden a la vendimia, sí que se ha constatado mediante los datos recogidos de los diferentes centros docentes de la zona, entre los que destacan los colegios públicos de Laguardia y Elciego por el número de plazas de las que disponen, un sensible aumento de la misma respecto al año anterior, llegando incluso a superar en determinadas fechas punta, el número de plazas que estos centros habían dispuesto para albergar a dichos menores.

Es de destacar y así lo han manifestado los directores de esos Centros Educativos, el alto grado de predisposición que manifiestan tanto los familiares como los menores mismos a acudir a aquéllos, lo cual se ha traducido en un nivel de integración y aceptación más que aceptable. A ello ha contribuído y contribuye de manera notable el hecho de que año tras año, sean las mismas familias de temporeros las que se desplacen por estas fechas hasta esta zona vitivinícola. Pese a todo lo dicho, no cabe duda a tenor de los testimonios recogidos, de que aún hay un número de menores indeterminado- y todo parece indicar que decreciente-, que si bien no desarrollan actividad laboral alguna, sí permanecen en las lonjas o campamentos y por lo tanto no escolarizados, mientras dura la jornada de sus progenitores.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Dentro del trabajo realizado por las personas inmigrantes, aquel realizado en la economía sumergida sigue teniendo un peso enorme. Por un lado, nos encontramos con quienes no pueden optar a trabajar de otra manera por carecer de autorización para ello. Pero cada vez son más frecuentes los casos de quienes, teniendo permiso de trabajo, se ven obligados a trabajar de esta manera al negarse los empleadores a regularizar sus empleos.

Y es que, una vez más, se pone de manifiesto que regularizar personas no es regularizar empleos (al revés sí), y que personas explotadas cuando no tenían “papeles” siguen siendo explotadas una vez conseguidos. Llama la atención el alto porcentaje (61%) de personas que, trabajando en empleos “regularizados”, aceptan o se ven obligados ocasionalmente a trabajar en la economía sumergida. Uno de los sectores más afectados por esto último es la hostelería, aunque si tenemos que hablar de los sectores donde globalmente esta situación se da más nos tenemos que referir al servicio doméstico y a la construcción.

PROPUESTAS DE UGT-EUSKADI

En 1985 se aprobó la primera ley de extranjería en E

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