Hay que acabar con el bloqueo de la negociación colectiva en Euskadi para hacer frente a la subida de precios

Según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios en mayo han experimentado una nueva subida y ha situado la tasa interanual en el 2,8%, con un 2% de subida acumulada en los 5 primeros meses de este año. Daniel González, Secretario de Política Sindical e Institucional de UGT-Euskadi hace un llamamiento a las patronales vascas y advierte que "hay que acabar con el bloqueo de la negociación colectiva en el País Vasco, para acordar subidas salariales y que las personas trabajadoras puedan hacer frente a las subidas de precios, tanto de la electricidad como la de alimentos básicos".
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En este mes, la subida de la electricidad viene a sumarse a las subidas de alimentos registrada ya durante el año que vivimos de pandemia; mientras, tenemos paralizados los convenios y con ellos los salarios, muchos sin actualizar durante años. Según los últimos  datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), en Euskadi son 351.956 los trabajadores/as vascos que no tienen actualizado su convenio, el 66% de estos (233.506) afectados por convenios que se tienen que negociar y actualizar en Euskadi.

El sindicato advierte que la nueva forma de cálculo de la factura eléctrica, que ha entrado en vigor el  1 de junio, tendrá una mayor incidencia en los consumidores vulnerables, que tienen más dificultades para hacer frente a estas subidas.

Daniel González asegura que “el impacto de la crisis de la COVID-19 y el alza de los precios energéticos en lo que va de año están dibujando un contexto especialmente desfavorable para los hogares con ingresos más bajos. Hay que asegurar unos niveles salariales dignos y reforzar el escudo social, porque la tendencia alcista de los precios aseguran una pérdida de poder adquisitivo”.

Para poder salir de esta crisis sanitaria, UGT considera fundamental subir el SMI y derogar, cuanto antes, las dos últimas reformas laborales que han facilitado el despido, han fomentado la precariedad laboral, han agravado la salud y seguridad de los trabajadores y han desequilibrado las relaciones laborales en detrimento de las personas trabajadoras, por lo que tenemos un alto porcentaje de convenios decaídos o sin actualizar.

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