Europa, nuevos tiempos para todos

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Este 1º de Mayo, diez nuevos países se incorporan a la Unión Europea. Se trata de un momento histórico para los pueblos de Europa, que se unen sobre los valores de la democracia, la paz y la libertad. Pero la dimensión social de la construcción europea no está garantizada, más aún puede incluso peligrar con la ampliación de los nuevos países.

Los Gobiernos de algunos países de la UE han promovido en los últimos años recortes importantes en derechos y prestaciones sociales, y además en países de nueva incorporación, los derechos sociales y laborales son aún más débiles.

Todo proceso de ampliación europea nos afecta como ciudadanos, tanto en nuestro derechos políticos como laborales y sociales. De hecho, en esta ampliación, se incorporan a la UE 75 millones de ciudadanos, el 20% de los más de 450 millones que vamos a constituir la nueva Europa, si bien el PIB sólo va a aumentar un 5% y de cada 10 ciudadanos con rentas por debajo del 75% de la media de la UE, 6 van a vivir en los países del Este que ahora se incorporan.

Por eso los sindicatos europeos exigimos establecer procesos de negociación sobre la reestructuración empresarial y los cambios en la organización en el trabajo en esos países.

Recientemente, Confebask advertía de la amenaza que suponen los nuevos socios comunitarios para las empresas y el empleo en Euskadi. Hay trabajadores vascos, fundamentalmente en la industria, que pueden verse afectados porque la supervivencia de sus empresas puede estar en peligro por esta ampliación.

Es verdad que la próxima incorporación de la UE de diez países de Europa central y oriental va a cambiar radicalmente el panorama competitivo en el que se desenvuelve la economía española, pero los empresarios no pueden aprovecharse de la ampliación para agudizar en sus estrategias de devaluaciones salariales y recortes de los derechos de los trabajadores.

Las posibilidades y oportunidades de desarrollo y progreso futuro de la sociedad española van a venir, en parte, condicionadas por nuestra capacidad para hacer frente al desafío que supone ese cambio fundamental en el entorno económico y productivo. Más aún cuando la incorporación de esas nuevas economías se va a realizar en un marco definido por un mercado único y por una zona monetaria común. De lo que se desprende que la capacidad de responder competitivamente va a depender de nuestras propias facultades y aptitudes, sin que quepa empararse en mecanismo de protección externo alguno.

Esto supone, indudablemente, que la clave para dar una respuesta adecuada a este desafió estriba, en primer término, en acertar con la estrategia adecuada, porque un error en el enfoque o en el planteamiento podría conllevar costes y una pérdida de tiempo irreparable. Un buen diagnóstico de nuestra situación frente a esos países aparece, pues, como un elemento imprescindible de dicha estrategia.

Para afrontar los retos que supone dicha ampliación, UGT ha reiterado que la economía española debe apostar por avanzar en la consolidación de un modelo productivo que se apoye en factores competitivos activos: desarrollo tecnológico, inversión en educación-formación y mejorar la calidad del empleo (estabilidad y seguridad). Lo que significa desterrar como ventaja competitiva la tendencia hacia empleos más baratos y con menores derechos.

Precisamente, porque nuestra diferencia con los nuevos países de la ampliación en términos de costes laborales es lo bastante amplia como para no estar en condiciones de competir con este tipo de modelo productivo. En el conjunto de los países de ampliación, estos costes, medidos en términos de euro/hora, suponen tan sólo el 33% de los existentes en España. Y tampoco es planteable competir vía condiciones de trabajo cuando estos países tienen por ejemplo una jornada semanal claramente superior a la nuestra.

Ante esta situación la pregunta es: Si se va a aprovechar a ampliación para debilitar aún más los modelos de protección social y avanzar en las devaluaciones salariales y fiscales.

Por ello, los sindicatos que formamos parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), consideramos urgente que se apruebe la Constitución Europea y que ésta tenga un contenido social avanzado, por la defensa de los derechos y los sistemas de protección social que caracterizan el Modelo Social europeo y por el pleno empleo de calidad. Reclamamos un presupuesto europeo suficiente, que permita desarrollar las políticas de cohesión social y territorial y contribuir a que se alcancen los objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa 2000.

A UGT le preocupa, sobre todo, que las decisiones que tome la Unión Europea sean coherentes y eficaces para conseguir los objetivos de la Unión Europea: la paz, el pleno empleo y el bienestar.

No hay ninguna duda de la que la UE y el conjunto de la economía Europea se enfrentan a una delicada situación: el pacto de estabilidad y crecimiento esta en entredicho, las políticas de coordinación económica son tremendamente débiles y la ampliación replantea el papel de los fondos estructurales y de cohesión.

La Unión Europea debe combatir la marginación social y la discriminación, fomentar la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros, respetando la riqueza de la diversidad cultural y lingüística de Europa.

Dámaso Casado
Secretario General UGT-Euskadi

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