Agur 426 euros

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Estamos ya en Navidad y el Gobierno ha querido hacer un regalo a sus amigos del G-37. Pero, claro, estamos en crisis y alguien lo tiene que pagar. Zapatero ha decidido que sean los más de 600.000 desempleados que perciben la ayuda de 426 euros.

Además de contentar a las grandes fortunas, con las que últimamente parece encontrarse muy cómodo, espera contribuir a la reducción del déficit, como si condenar a la pobreza a miles de familias fuera la solución. Ni una sola medida que suponga el mas mínimo esfuerzo por parte de las grandes empresas sentadas en el G-37.

Resulta patético ver al Santander, BBVA y demás compañeros de viaje aconsejando al Gobierno sobre qué hacer: Nada de llevar a cabo una reforma fiscal que les obligue a dejar parte de sus cuantiosos beneficios en las arcas públicas, nada de compromisos de creación de empleo, nada de fortalecer las políticas sociales, sólo mano dura con los más débiles, despido más barato primero, recorte de las prestaciones después, menos pensiones para que todos corran a suscribir sus planes de pensiones. En definitiva, menos protección social. Reducir el déficit es licito pero hay muchas formas de hacerlo y Zapatero ha tomado la decisión de que lo paguen buena parte de los que le votaron.

Le faltó tiempo a Valeriano Gómez, recientemente nombrado ministro de Trabajo, para decir que el Gobierno iba a prorrogar seis meses más la paga de 426 euros. Sólo tuvo un fallo, que los 500 millones de euros que suponía dicha ampliación no figuraban en los presupuesto del 2011. La señora Salgado corrigió su propuesta.

El Gobierno ha decidido que la hoja de ruta se la marquen los mercados, sin darse cuenta de que cada vez van a querer más. Buena parte de su negocio necesita un Estado de Bienestar débil, por lo que van a exigir más recortes en los derechos de los trabajadores. Los ataques a la negociación colectiva y a las pensiones solo buscan consolidar una posición de fuerza sobre el Estado de Bienestar, haciendo que la individualización de las relaciones laborales sea nuestro pan de cada día. El Gobierno está en manos de los mercados, pero no debe olvidar que tiene una herramienta con la que poder hacerles frente: el BOE.

El país no necesita rebajas fiscales, lo que necesita es una reconstrucción fiscal, que contribuya a reducir el déficit por la vía del incremento de ingresos. Esto se podía haber hecho en mayo, pero la ministra Salgado necesitaba con urgencia los resultado, el 2011 lo veía como algo lejano. Si las reformas fiscales se hubieran llevado a cabo antes, seguramente el escenario ahora seria otro.

El Gobierno tiene mucha prisa por poner en marcha las reformas, según ellos necesarias, ya no quiere oír de concertación social, ya no quiere acordar con los agentes sociales, solo quiere aparecer como un Gobierno firme ante los ojos, entre otros, de sus nuevos amigos del G-37. Cuando un Gobierno socialista hace política de derechas, termina siendo sustituido por la derecha.
Nos dicen que se van a reformar las políticas activas, poco a poco se pretende que sustituyan a las políticas pasivas, pero esto tiene una enorme complejidad. Se olvidan de que mientras se consigue que todos los desempleados tengan acceso a un curso de formación, a un itinerario personalizado de orientación, una asistencia personalizada en la búsqueda de empleo, los desempleados/as de este país tienen que seguir viviendo, por lo que es necesario reforzar las políticas pasivas, cobertura de desempleo, subsidio y, como no, los 426 euros como último recurso.

No existen servicios de empleo -ni en el ámbito nacional ni en el autonómico-, en condiciones de poder ofrecer políticas activas con carácter universal y, por si esto no fuera poco, se toma la decisión de privatizar también la intermediación. La puesta en marcha de agencias privadas, con ánimo de lucro, sólo va a servir para que unos pocos mercadeen con el trabajo, dejando en la cuneta a los colectivos con mayores dificultades de inserción, poniendo en riesgo cualquier reforma que se pueda llevar a cabo en las políticas activas.

El Gobierno tiene la obligación de garantizar una calidad de vida digna del conjunto de la ciudadanía, las prestaciones sociales son una pieza clave en este objetivo. No es aceptable pretender ajustar las cuentas del Estado reduciendo duchas prestaciones. Los trabajadores/as son los que pusieron a este país en los primeros puestos del crecimiento económico europeo, la crisis es fruto de la especulación financiera y de un modelo de crecimiento impuesto, entre otros, por los miembros del G-37, que cuando se vieron amenazados no dudaron en meter la mano a la caja, con el visto bueno del Gobierno, cientos de millones de euros para los culpables de la crisis, los mismos que niegan ahora 426 euros a los trabajadores/as que han perdido su empleo, los mismos que piden reformar aun más el mercado laboral para que sus cuantiosos beneficios no se vean amenazados por el mantenimiento de plantillas.

El Gobierno apuesta por la conflictividad. Zapatero podrá decretar, pero lo que no va conseguir es doblegar la voluntad de los millones de trabajadores/as que todavía tenemos un espíritu solidario con los que peor lo están pasando. La huelga general del 29-S fue un aviso, no vamos a parar hasta conseguir cambiar la política antisocial del Gobierno. Si queremos jugar en la primera división de la economía europea no lo podemos hacer con una sociedad empobrecida, abandonando a su suerte a las víctimas de la crisis.

Es necesario que el Gobierno prorrogue la ayuda de los 426 euros. El déficit se puede reducir vía incremento de ingresos, para esto se hace necesario coger el toro por los cuernos y reformar nuestro sistema fiscal, aunque sus amigos del G-37 se enfaden.

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