Como cada año, el 28 de abril es un dÃa con un doble objetivo para los sindicatos: un recuerdo y reconocimiento a los que han perdido su vida y salud en el trabajo bajo unas condiciones
inadecuadas y, precisamente por ello, una jornada para poner en evidencia que los daños derivados del trabajo son evitables y que los empresarios y poderes públicos tienen grandes
responsabilidades en su prevención.
Este año, caracterizado por los duros efectos de la crisis económica que venimos padeciendo desde finales de 2007, se ha cobrado dÃa a dÃa importantes cifras de destrucción de empleos y ha alimentado los recortes en los derechos de los trabajadores y la precarización de las relaciones laborales. Las reformas realizadas por el Gobierno de España colocan a los trabajadores en una situación más precaria frente al mayor poder del que dotan a los empleadores.
La necesidad de crear empleo, propicia que otras obligaciones o deberes para con los trabajadores, cedan en importancia. El estÃmulo a la creación de empleo y riqueza, contribuye en cierta manera a que las autoridades sean más laxas en exigir el pago de sanciones por infracciones o que los controles sean menos exigentes.
Las reformas legales y el impulso de las medidas preventivas desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de los de programas nacionales o territoriales para el estudio y control de los daños del trabajo, han propiciado el descenso continuado de los Ãndices de siniestralidad.
Pero hay que tener en cuenta que durante los últimos 2 años, con la crisis, ha disminuido la intensidad de mano de obra en sectores de mayor riesgo y accidentalidad, a la vez que se ha
expulsado del mercado a los trabajadores temporales o que reforzaban las demandas en momentos de mayor intensidad de trabajo; todo ello, contribuye al descenso en las cifras de
daños. Esto, no nos ha de hacer bajar la guardia, las circunstancias de un momento de baja productividad no nos pueden hacer confundir la perspectiva y que tengamos la idea que se ha
ganado la batalla frente a la siniestralidad. Siguen manifestándose cifras elevadas e inaceptables de accidentes y enfermedades.
En España fallecen cada dÃa 2 trabajadores como consecuencia de su trabajo, 13 sufren un accidente de trabajo grave durante su jornada y 1.503 tienen un accidente de trabajo leve en el transcurso de su actividad. Igualmente, cada dÃa son vÃctimas de una enfermedad profesional en España 46 personas.
Ello sumado a un creciente subregistro de enfermedades y ocultación de daños. Por tanto, sin un sistema bien asentado de la prevención, con la implicación de todos los partÃcipes, no
obtendremos unos resultados donde la ausencia de daño sea el objetivo de excelencia.
No es concebible que la declaración de enfermedades profesionales con baja haya disminuido
en paralelo a la caÃda de los accidentes, ya que en el caso de la enfermedades, desde la exposición a los efectos, existe un periodo de latencia de años, por lo que no se puede manifestar un resultado tan evidente de descenso en tan corto espacio de tiempo tras la exposición. Cuanto más si tenemos en cuenta que las Enfermedades Profesionales sin baja, es decir sin coste, han aumentado enormemente.
Tampoco es de recibo que la epidemia de los expuestos al amianto quede silenciada en el duelo de las familias que pierden a sus miembros sin que exista una compensación, un reconocimiento, una acción colectiva y un trabajo serio y en profundidad por poner coto a este problema de salud pública y tratar adecuadamente a las vÃctimas; cuyo único “delito” fue convivir con unas materias y sustancias que fueron minando la integridad fÃsica de los
trabajadores y trabajadoras. Lo mismo que los enfermos por el amianto, los c‡cánceres laborales, la sensibilización por exposición a quÃmicos…
Pese a que desde Sanidad se reconocen más de 12.000 muertes anuales por cánceres profesionales, la falta de registro y conocimiento exhaustivo de sus causas, hace que la prevención reducción de este tipo de morbilidad sea muy difÃcil.
Las malas condiciones de trabajo están privando de calidad de vida a los expuestos, que ya no sólo se ciñen a los trabajos en sectores conocidos como la minerÃa, sino que han aflorado más
casos en otros ‡ámbitos, como la construcción, la manufactura industrial y otros. Las hipoacusias o sorderas profesionales, los problemas osteomusculares; son todas dolencias fÃsicas que castigan inexorablemente a los trabajadores y trabajadoras, y que deben ser objeto de atención prioritaria por los poderes públicos.
{POR EL PLENO EMPLEO,
SIN RENUNCIAR A LA SEGURIDAD
Y A LA SALUD EN EL TRABAJO}
Hoy dÃa se tiene consciencia de otros daños, que aunque denominamos emergentes, siempre han acompañado al ser humano en su actividad productiva por cuenta de terceros, los denominados riesgos psicosociales: trabajo a turnos, ritmos de trabajo a demanda, la competitividad, la retribución por objetivos, la precariedad y alta rotación en los empleos, la falta de seguridad en los puestos de trabajo, el desempleo…
Todos los modelos de empleo y organización del trabajo que propician que la organizaciones sean el caldo de cultivo de “agentes patógenos” que producen enfermedades tales como: el estrés, la fatiga crónica, el envejecimiento prematuro, el sÃndrome del quemado o la violencia en el trabajo.
El objetivo de crear empleo para dar colocación al 20 % de personas activas que carecen de una ocupación remunerada, no nos ha de hacer bajar la guardia. Aunque lo anterior es inaplazable, también lo es el garantizar que quien va al trabajo, volverá del mismo en las mismas condiciones fÃsicas y psÃquicas en las que fue; lo que es más, el trabajo ha de servir no para que la persona sienta contradicciones, sino para que satisfaga sus necesidades de forma digna y razonable. Para ello, las condiciones de ejecución del mismo han de permitir la participación constante y la manifestación permanente de los aspectos de mejora por parte de quien realiza la actividad productiva con el fin de mejorar la realidad.
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