El Gobierno vasco que no es capaz de consensuar con los representantes sindicales un proyecto de función pública

El 27 de octubre se ha reunido el Consejo Vasco de la Función Pública, órgano de coordinación de todas las administraciones públicas vascas en materia de función pública (gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos), donde, por parte del Gobierno Vasco, se han presentado cuatro decretos relacionados con las relaciones de puestos de trabajo, retribuciones y análisis funcionales de los puestos de trabajo de la Administración General de la CAE. Estos decretos son el resultado del trabajo de las dos últimas legislaturas de la Oficina de Modernización Administrativa y se presentan al final de ésta sin tiempo material casi para que puedan aplicarse pero sí para poder dar gestión en materia de función pública.
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El 27 de octubre se ha reunido el Consejo Vasco de la Función Pública, órgano de coordinación de todas las administraciones públicas vascas en materia de función pública (gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos), donde, por parte del Gobierno Vasco, se han presentado cuatro decretos relacionados con las relaciones de puestos de trabajo, retribuciones y análisis funcionales de los puestos de trabajo de la Administración General de la CAE. Estos decretos son el resultado del trabajo de las dos últimas legislaturas de la Oficina de Modernización Administrativa y se presentan al final de ésta sin tiempo material casi para que puedan aplicarse pero sí para poder dar gestión en materia de función pública.

UGT ha presentado una propuesta de acuerdo -se adjunta como anexo- donde muestra su no apoyo a los decretos presentados porque no nacen del consenso entre los representantes de personal y los de la Administración y además inciden en materias que no están ni tan siquiera presentadas para su debate. En concreto, el desarrollo de la carrera administrativa de los funcionarios (su derecho a la movilidad entre los puestos de trabajo de las administraciones) y la inexistencia de un plan de formación para los funcionarios para mejorar el servicio a la ciudadanía. Asimismo, considerando la trascendencia de las medidas, proponía que el Parlamento Vasco tuviera conocimiento de ellas.

El rechazo de la propuesta de acuerdo presentada por UGT revela que la función del Consejo Vasco de Función Pública de coordinar las políticas de personal de todas las administraciones públicas vascas ha quedado de nuevo desvirtuada ya que es una mera reunión de acompañamiento a las decisiones unilaterales del Gobierno Vasco. Sin ningún interés por lograr un marco común de función pública para todas las administraciones del País Vasco, objetivo que la propia Ley de Función Pública reclamaba en su exposición de motivos. Asimismo, por parte de UGT, resulta incomprensible la actitud de CCOO que, aunque no asiste a las reuniones del Consejo Vasco de Función Pública, ha remitido una carta de adhesión a los citados decretos, dando, de nuevo, cobertura a la posición de la Administración.

UGT considera que los actuales gestores de la función pública vasca vuelven a mostrar su no capacidad de alcanzar consensos que posibiliten análisis compartidos y proyectos que, fruto del acuerdo, logren una administración más cercana al ciudadano. Actitud incomprensible cuando otras situaciones de desencuentro y desacuerdo se están solventando satisfactoriamente.

UGT vuelve a mostrar con su propuesta en el Consejo Vasco de la Función Pública Vasca su compromiso por trabajar con los responsables de todas las administraciones públicas vascas con el objetivo de defender los servicios públicos como garantía de una sociedad progresista y tolerante a través de nuestra actividad sindical.

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