La subida del IPC en noviembre disminuye más el poder adquisitivo de los trabajadores vascos

“En Euskadi vamos peor -manifiesta Pilar Collantes-, porque aparte de la subida del IPC nos enfrentamos a una difícil situación de la negociación colectiva en Euskadi, que deja sin actualizar sus salarios a muchos trabajadores. Esta situación está provocada por una estrategia fallida del sindicato ELA y la imposibilidad de la unidad de acción sindical; en cifras supone que un 41,50% de la población asalariada (220.991 trabajadores) no tengan renovadas sus condiciones laborales, entre ellas las subidas salariales, que serán difíciles en algunos casos de recuperar”.
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La Secretaria de Acción sindical de UGT-Euskadi, Pilar Collantes, advierte que el dato del IPC en noviembre supone una mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores vascos, ya que la subida de los elementos de consumo básico, como la vivienda, perjudica el bolsillo sobre todo de aquellos trabajadores que no tienen el convenio vigente.

“En Euskadi vamos peor -manifiesta Pilar Collantes-, porque aparte de la subida del IPC nos enfrentamos a una difícil situación de la negociación colectiva en Euskadi, que deja sin actualizar sus salarios a muchos trabajadores. Esta situación está provocada por una estrategia fallida del sindicato ELA y la imposibilidad de la unidad de acción sindical; en cifras supone que un 41,50% de la población asalariada (220.991 trabajadores) no tengan renovadas sus condiciones laborales, entre ellas las subidas salariales, que serán difíciles en algunos casos de recuperar”.

UGT hace un llamamiento a ELA para que reconsidere su postura y retome la negociación de los convenios sectoriales. UGT ha intentado dar una respuesta a los trabajadores durante este año en aquellos ámbitos en que ha sido posible la negociación, con la firma de 42 convenios de los 59 sectoriales vigentes, que afectan a 142.278 trabajadores y ELA sólo 29 convenios (70.391 trabajadores).

UGT-Euskadi recuerda que el desvío de la inflación ha perjudicado también a los pensionistas, el Gobierno deberá ahora pagar la diferencia del 2% al 3,4%, con efectos retroactivos a enero, pero insiste en que la administración debiera hacer previsiones más realistas para que estos no pierdan poder adquisitivo en el transcurso del año.

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