La sección sindical en el Ayuntamiento de Bilbao denuncia la falta de planificación de los responsables políticos en la Policía Municipal

Anuncian un Centro de Coordinación policial conjunto con Ertzaintza, que en teoría debiera empezar a funcionar en el mes de Junio próximo.
Print This Post
  
  
Email This Post   


Ante las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre el futuro más próximo de la Policía Municipal de Bilbao, la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de la capital vizcaína considera necesario realizar algunas puntualizaciones, al comprobar que, en demasiadas ocasiones, los hechos y novedades presentados por los responsables policiales no se corresponden con la realidad.

Anuncian un Centro de Coordinación policial conjunto con Ertzaintza, que en teoría debiera empezar a funcionar en el mes de Junio próximo.

La realidad es que, lejos de crear dicho Centro Coordinador Conjunto, lo que se plantea es fraccionar el de la Policía Municipal, dejando la emisora central (que coordina y asiste el trabajo de las patrullas) en las dependencias de Garellano, y trasladar los puestos de atención telefónica de 092 a las dependencias de Ertzaintza sitas en el Bº de Deusto, lo que evidentemente dificultará la comunicación entre recibo de llamadas y respuesta a las mismas, complicando y retrasando el trabajo policial de calle y el de los propios operadores.

Es de reseñar que, por el momento, y en el mes de Junio eso no va a cambiar, Policía Municipal y Ertzaintza utilizan aplicaciones y medios informáticos y de comunicaciones diferentes y no compatibles.

En definitiva lo que proponen es mantener dos Centros de Coordinación diferenciados, y además uno de ellos partido por la mitad y en ubicaciones distintas.

Se presenta una nueva oficina de atención ciudadana a ubicar en un local sito en el nº 3 de la calle Colón de Larreategui, pero no explican que dicha apertura supondrá el cierre del servicio que presta la Unidad de Diligencias de la Comisaría del Casco Viejo-Uríbarri (recogida de denuncias, instrucción de Atestados), y su traslado al nuevo emplazamiento.

Nos encontramos con un simple traslado, a escasa distancia por cierto, a un emplazamiento cuanto menos discutible, que en nada mejora al ya existente, pues, si bien es cierto que en la nueva oficina se planea ofrecer otros servicios (Atestados de Tráfico, Oficina de Servicios Generales, por ejemplo), esto sería posible manteniendo la ubicación en la misma Comisaría, al existir la posibilidad de ocupar un mayor espacio físico, afianzando de esta forma la Comisaría como unidad global (base de las patrullas de zona y oficina de atención al público), facilitando el trabajo operativo a los Agentes y la eficacia del Servicio, y ahorrando de paso un fuerte desembolso económico a las arcas municipales (el realizado por la compra del local de la calle C. de Larreategui, que, atendiendo a lo manifestado por los partidos políticos de la oposición, ha sido verdaderamente elevado).

Se anunciaron igualmente la creación de nuevas unidades policiales, una de ellas destinadas a la protección y colaboración con el comercio, y otra destinada a reforzar la seguridad ciudadana en horario nocturno. La realidad es que ninguna de ellas ha sido creada, ni existen perspectivas de que lo sean, demostrando que estas intenciones no responden a una labor de planificación, sino a impulsos o “prontos” que no resisten el análisis en detalle y se estrellan contra la realidad.

Se anuncia la adquisición de nuevos materiales y recursos técnicos, pero, reconociendo la mejora en este aspecto, la realidad es que a fecha de hoy una buena parte de la plantilla de agentes no dispone aún de “guantes anti-corte” (su compra se ha reactivado tras una protesta formal de los Delegados de Prevención de UGT, LAB, y SVPE), y que el famoso sistema GPS (que ha supuesto una muy importante inversión) no tiene utilidad práctica alguna.

Finalmente, podríamos señalar que lo que no presentan esos mismos responsables es su empecinamiento en tensionar la situación interna con la adopción de decisiones en materia laboral de forma unilateral, ni la eterna falta de un plan de formación continua, ni su incapacidad de dar respuesta a los problemas, lo que poco contribuye a la prestación de un eficiente servicio público.

Impactos: 27