Tras la rescisión del contrato del vial de Deskarga UGT pide que se garantice la contratación de los trabajadores despedidos con las mismas condiciones laborales

Tras el parón de cuatro meses en el 70% de las obras de ese tramo de la GI-632, en el que los trabajadores despedidos esperaban a que se reanudase la construcción de los muros de contención, la Diputación no ha alcanzado un acuerdo con la UTE Lapatza y ha calificado el proyecto de no adecuado. Al parecer esta decisión se debe al sobre coste de la obra que desviará más de un 10% el presupuesto inicial.
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Ante la decisión adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa de rescindir unilateralmente el contrato para las obras del vial de Deskarga con la UTE Lapatza, la Federación de Industria del Metal, Construcción y Afines de UGT pide a la Diputación que en el nuevo concurso se garantice la contratación de todos los trabajadores que se han quedado sin trabajo desde el mes de octubre por las discrepancias surgidas entre la propia Diputación y la UTE Lapatza. Para los responsables del sindicato no es de recibo que los principales afectados de las decisiones políticas sean los trabajadores.

Tras el parón de cuatro meses en el 70% de las obras de ese tramo de la GI-632, en el que los trabajadores despedidos esperaban a que se reanudase la construcción de los muros de contención, la Diputación no ha alcanzado un acuerdo con la UTE Lapatza y ha calificado el proyecto de no adecuado. Al parecer esta decisión se debe al sobre coste de la obra que desviará más de un 10% el presupuesto inicial.

Ante esta situación los responsables de UGT lejos de querer culpabilizar a unos o a otros tan sólo piden que se garantice la contratación de los trabajadores para dicha obra y que se haga con las mismas condiciones laborales que ya tenían, ya que en cualquier caso los trabajadores no han tenido responsabilidad alguna.

Para UGT es de vital importancia que dichas contrataciones se hagan en las mismas condiciones que ya tenían los trabajadores ya que son las recogidas en la norma foral aprobada por la propia Diputación y que se negoció con los sindicatos hace más de un año.