Miércoles, 24 febrero de 2016
UGT -Euskadi ha rechazado el proyecto de Ley de Prevención y extinción de incendios del Gobierno vasco y ha exigido su retirada, esta mañana, en la comparecencia ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Gobierno vasco.
El representante de UGT, Alberto Ferrer, ha criticado que el proyecto de Ley Servicios de Prevención-Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS ) se haya redactado a espaldas a los profesionales y asegura que su contenido supone un ataque a la profesionalidad y a las condiciones laborales.
UGT censura este proyecto de Ley porque, en primer lugar, precariza las condiciones de trabajo, ya que presenta un evidente déficit de contenido, en funciones, formación y regulación del voluntariado, entre otras cuestiones. Este proyecto no salvaguarda los derechos laborales de los trabajadores públicos respecto a segunda actividad, reclasificación o garantÃas, y establece figuras de trabajo en precario y falto de garantÃas, lo que sin duda vendrá a derivar en una situación potencial de riesgo para la seguridad pública y para el colectivo de profesionales.
Asimismo, este sindicato advierte de que el texto de la Ley » deja caminos abiertos a las tentaciones de privatización en la prestación del servicio», olvidando que su fin primordial debe ser asegurar una adecuada ordenación y gestión de estos servicios de emergencias.
UGT se opuso ya al anteproyecto de Ley Reguladora de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, en julio del 2015, en el Consejo Vasco de Función Pública, donde se planteaba el texto del mismo y que, a pesar de contar con la oposición de los sindicatos, siguió adelante su tramitación por el voto favorable de todos los representantes de las diferentes administraciones.
«Este proyecto de Ley ya se iniciaba con un profundo déficit democrático, negando el derecho a la negociación a todo el colectivo profesional y a su representación sindical.», manifiesta Alberto Ferrer. UGT apela al criterio y responsabilidad de los grupos parlamentarios para corregir las carencias del anteproyecto de ley, antes de dar continuidad al texto legal.
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