Los trabajadores tienen un contrato “trade”, un contrato entre empresa y trabajador autónomo, económicamente dependiente y en la que las cláusulas están impuestas por la empresa. En este caso, la contraprestación económica que reciben los trabajadores no cubre los costes, llevan 4 años sin subida salarial y sin revisión ni siquiera en estos momentos en los que la subida del gasoil ha subido hasta un 30%, sin contar que están sometidos a largas jornadas de trabajo de hasta 11 horas diarias, que en ocasiones llegan hasta 14 horas de trabajo, ya que en el contrato estipulan que la jornada es a partir de las 6,30h de la mañana hasta que se acabe, que puede ser en ocasiones las 9 de la noche.
UGT denuncia que Transportes Gorbea les hace a los transportistas autónomos el contrato con una duración determinada de un año, por lo que se puede rescindir el mismo al cabo de ese año, generando una situación penosa para los trabajadores autónomos que necesitan un mÃnimo de 5 años para amortizar el vehÃculo. Además, dicha empresa tiene un sistema de penalizaciones, con condiciones claramente abusivas.
Entre otras cuestiones, les imponen a los transportistas autónomos, como obligatorio y a su cargo, la adecuación del vehÃculo, según las necesidades del servicio, como instalación de cámaras de vigilancia. En periodo de vacaciones les obligan también a buscar un sustituto.
Este colectivo , sufrió en 2013 en la Ley de ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) una liberalización completa, desprofesionalizándolos, es decir, una empresa de logÃstica puede contratar a cualquiera, porque no hace falta ni tÃtulo, ni capacidad económica, ni honorabilidad y ahora tampoco antigüedad del vehÃculo, sólo les dejaron el visado, es decir la autorización administrativa, para que no pudiesen reclamar la relación laboral, que es lo que son, trabajadores sujetos a las órdenes de la logÃstica y no de la contrata. UGT tiene el compromiso con los trabajadores de derogar el art.1.3.g) del Estatuto de Trabajadores, en el que por tener autorización administrativa les excluye de la laboralidad. Esto afectarÃa a unos 90.000 repartidores en toda España, más de 2.000 en Euskadi.
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