UGT ha registrado hoy casi un millar de firmas para exigir al Gobierno Vasco medidas que “hagan justicia” con el personal de la administración que en su puesto de trabajo ha tenido contacto con el amianto sin medidas de prevención.
Tal y como ha señalado la secretaria general de UGT-Zerbitzu Publikoak Arantza Agote, la propia Organización Mundial de la Salud, considera el amianto la principal causa de cáncer de origen laboral. Y siendo esta circunstancia conocida desde hace muchos años, han subrayado que “la administración vasca ha incumplido con el derecho fundamental a la integridad física de la plantilla, permitiendo esa exposición. Porque, además, ese incumplimiento se produce en todos los casos, independientemente de si esas personas acaban desarrollando o no una enfermedad como consecuencia de este contacto”.
📺 En Telenorte también han ofrecido la noticia de la entrega de firmas de UGT para exigir al Gobierno Vasco la puesta en marcha de medidas para compensar a las y los trabajadores de la administración expuestos al amianto @RTVEPaisVasco pic.twitter.com/OuPdpr41As
— UGT Euskadi (@UGT_Euskadi) January 27, 2025
A petición de UGT, Osalan cifró en casi 650 el número de personas de la administración, mayoritariamente en Osakidetza, pero también en Educación, que ha trabajado en exposición a este material sin medidas de protección. Estos trabajadores y trabajadoras, están inscritas en el Programa integral de vigilancia de la salud de las personas trabajadoras que han estado expuestas a amianto.
Este personal de las administraciones, ha afirmado la responsable sindical “vive bajo la espada de Damocles, dado que podría desarrollar su enfermedad hasta 40 años después de la exposición al amianto”. Prueba de ello es que su salud es vigilada con radiografías periódicas, “lo que ya supone un daño físico, pero que además conlleva un daño mental adicional, por la amenaza persistente de contraer un cáncer”. De hecho, Osalan ha planificado un estudio de salud mental en trabajadoras y trabajadores que hayan tenido contacto con amianto.
Desde UGT, llevan años denunciando que las administraciones son las responsables directas de esta situación y, por tanto, deben asumir una responsabilidad patrimonial hacia las personas afectadas. Por ello, “exigimos compensaciones justas, como las que se aplican en otros países europeos, tales como reducciones de jornada, jubilación anticipada o permisos retribuidos, entre otras, lo que mejoraría su calidad de vida durante sus últimos años de trabajo. Exigimos al Gobierno Vasco que se siente a negociar y medidas compensatorias por el daño causado a este personal”.
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