En este sentido, el sindicato recuerda que la positiva incidencia de la reforma laboral debe alcanzar al conjunto del mercado laboral. La temporalidad ha sido una caracterÃstica de la contratación de este grupo de población, dando lugar, junto a otros factores de precariedad, a los niveles más altos de la Unión Europea en pobreza laboral. Sin embargo, entre los meses de enero y febrero de este año, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021 por el que la contratación de duración determinada se limita en duración y supuestos, ya se aprecia el descenso de porcentajes de contratación temporal.
Entre enero y febrero de 2022, con la reforma laboral ya en vigor, se suscribieron un total de 638.899 contratos con trabajadores y trabajadoras extranjeros (111.315 más que en el año 2021), de los que el 79´2% eran contratos temporales (un 10% menos). En el caso de los 115.866 contratos con ciudadanos de la Unión Europea, el porcentaje que suponen los contratos temporales ha bajado hasta el 75% (del 86,8% en el año 2021); y 390.335 contratos fueron suscritos con nacionales de terceros paÃses, pasando el porcentaje de contratación temporal del 90´3% en el mismo periodo del año 2021, al 80´6% en el 2022, una tendencia muy positiva, aumentando tanto la contratación indefinida inicial como la conversión de contratos temporales en indefinidos.
En cuanto a la contratación por sexos de población de nacionalidad extranjera, en los datos acumulados de enero y febrero de 2021, los contratos a mujeres representaron el 32´6% de la contratación total de personas extranjeras. El porcentaje se ha incrementado en el mismo periodo de 2022 al 37´1%. Los contratos temporales han pasado de representar el 85´8% en el 2021, al 75´8% en el 2022 del total de contratos suscritos con mujeres extranjeras. En el caso de los hombres el porcentaje ha disminuido del 91´1% en el 2021 al 81´3% en el 2022.
POR UN TRABAJO DIGNO
Un proyecto de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE)
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