La Federación de Servicios de UGT-Gipuzkoa denuncia que el Gobierno Vasco promueve el intrusismo laboral en el sector de la seguridad privada, al asignar funciones propias de los vigilantes de seguridad a personal laboral no habilitado. Los responsables del sector de UGT señalan que esta situación se debe a la creación de la categoría de auxiliar de seguridad, en los concursos públicos, tal y como ha sucedido en los concursos celebrados en los Palacios de Justicia o en los centros de internamiento de menores. La Federación de Servicios, advierte que la imagen que el Gobierno Vasco está trasladando al resto de empresas privadas con la puesta en marcha de este tipo de prácticas no es la más adecuada.
UGT critica la gravedad de la medida llevada a cabo por el Ejecutivo vasco, ya que la creación de esta figura, que no está contemplada en la legislación de seguridad privada, “pone en peligro los más de 3.000 puestos de trabajo que hay en el sector en Gipuzkoa, al favorecer la implantación de empresas de servicios en algunos órganos dependientes del Gobierno Vasco o al suplir vigilantes de seguridad por personal cuyo salario ronda los 600 euros”.
Los responsables de UGT señalan que el sector de la seguridad privada que atraviesa por uno de sus mejores momentos en cuanto al pleno empleo, es uno de los que mayor demanda de trabajadores tiene, de forma que según las organizaciones empresariales hay un déficit de más de 20.000 trabajadores para cubrir las necesidades existentes. Por este motivo el responsable del sector de UGT-Gipuzkoa, Koldo Martín Fontecha, exige que desde el ámbito político se haga un seguimiento continuo del sector para evitar tanto el intrusismo laboral como la competencia desleal que repercuten de manera directa sobre los trabajadores y la calidad de los servicios, es decir, sobre la seguridad ciudadana.
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