Una delegación de UGT-Euskadi, encabezada por el secretario general Raúl Arza, junto con la secretaria de Empleo y Formación de UGT-Euskadi, Arantxa Niño y el responsable de Política Sindical e Institucional, Daniel González, se ha reunido esta tarde con el vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejero de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres, así como con la viceconsejera Elena Pérez y los viceconsejeros Iñaki Ruiz y Alfonso Gurpegui.
Tras el encuentro, que se ha prolongado durante más de hora y media, Arza ha realizado una valoración positiva del mismo, y ha desgranado algunas de las cuestiones que han puesto encima de la mesa desde el sindicato. Como principal preocupación, ha asegurado que “no podemos permitir que los accidentes graves con resultado de baja hayan aumentado un 45% en Euskadi, lo que supone que cada día haya 117 personas que acaban de baja tras un accidente en su trabajo”. Por ello, siendo la seguridad y la salud laboral uno de los grandes retos a afrontar, “con datos francamente malos en nuestra comunidad”, desde UGT-Euskadi se ha instado al departamento de Torres a reforzar la Inspección de Trabajo, “deben cubrir las plazas vacantes para poder realizar un control efectivo de cuestiones como la calidad del empleo o el cumplimiento de los horarios”. Son problemas “graves”, ha añadido, “que necesitan recursos”.
En segundo lugar, Arza ha puesto en valor la coincidencia de ambas partes en la necesidad “trabajar y colaborar” con Trabajo y Empleo en todas aquellas políticas concretas que afecten al conjunto de las y los trabajadores, “y hacerlo en el seno del diálogo social”. Así, ha asegurado que “consolidar el diálogo social es la herramienta imprescindible a nuestra disposición para mejorar las relaciones laborales”, sin olvidar que la voluntad de colaborar con el departamento, parte del trabajo realizado durante la anterior legislatura.
Entre otros retos pendientes, desde UGT-Euskadi también se ha querido poner en relevancia el papel de Lanbide, que en su proceso de transformación en un ente público derecho privado, “debe de convertirse en un organismo capaz de gestionar las políticas activas de empleo, que dé respuesta a las necesidades formativas de las personas trabajadoras en desempleo, para que puedan tener una oportunidad lo antes posible; así como también a las necesidades de las empresas”.
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