Hoy, las calles de Bilbao han sido testigos de la reivindicación de los y las pensionistas de Euskadi. Convocados por UGT y CCOO, la concentración frente a la Diputación Foral de Bizkaia ha servido para denunciar la situación crítica que atraviesa el Sistema de Ayuda de Atención a la Dependencia.
La jornada ha contado con una destacada representación de UGT Euskadi, encabezada por Maribel Ballesteros, de la Unión de Jubilados y Pensionistas; Tximi López, presidente de la Comisión Gestora; y las integrantes de dicha comisión, Xuria Arza y Elena Carro.
Durante la protesta, se ha puesto el foco en la «absoluta privatización» del modelo actual. Las organizaciones denuncian que las residencias públicas son algo residual en nuestra Comunidad Autónoma, mientras prolifera una red de centros concertados y privados que, pese a recibir subvenciones públicas, operan bajo una lógica de beneficio económico.
«No es normal que se haga negocio a costa de los cuidados de nuestros mayores. ¡Los cuidados son un derecho, no un negocio!».
En este sentido, Ballesteros ha querido remarcar que este sistema no solo falla a quienes reciben el cuidado, también castiga a quienes lo dan. Actualmente, conviven tres modelos de gestión distintos para un mismo sector, lo que genera una desigualdad inaceptable con tres convenios diferentes. Las trabajadoras están al límite.
El reciente decreto del Gobierno Vasco pasa de puntillas sobre el problema real: las ratios. Es urgente actualizarlas. No podemos seguir con baremos de hace décadas cuando la realidad en las residencias ha cambiado: las personas usuarias son cada vez de mayor edad y presentan patologías mucho más complejas. Cuidar con dignidad requiere tiempo, manos y condiciones laborales justas.
Uno de los puntos más críticos expuestos ha sido el drama de las listas de espera. Se han recordado datos estremecedores del pasado año 2025 en la CAV:
- 2.055 personas fallecieron mientras esperaban atención.
- De ellas, 2.045 tenían el derecho reconocido pero estaban pendientes de recibir la prestación o servicio.
- 10 personas fallecieron sin siquiera tener una resolución de grado.
Esta realidad se refleja en la valoración del Observatorio de la Dependencia, donde Euskadi ocupa el puesto 12 de las CCAA, con una nota de apenas 4 puntos tras caer 7 décimas respecto al ejercicio anterior.
Ante la sede de la Diputación, se han trasladado las siguientes exigencias:
- Fin del «doble copago»: Denuncia de la insuficiente financiación que obliga a las familias a asumir costes vinculados al servicio.
- Transparencia: Exigencia a la Administración para que publique los datos reales del copago que asumen las personas beneficiarias.
- Garantía de servicios: Recuperación de los servicios de prevención recortados y asegurar un número de horas de atención suficiente.
Aunque la Ley de Dependencia (39/2006) garantiza en teoría el derecho a la atención en sus tres grados (moderada, severa y gran dependencia), la gestión de las Diputaciones Forales sigue dejando a muchas personas desatendidas. ¡La Dependencia es un derecho, exígelo!
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