El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave para la defensa de los derechos laborales, dando la razón a FeSMC-UGT frente a la empresa AYESA IBERMÁTICA, y declarando ilegal y discriminatoria su práctica de excluir del cobro de la retribución variable los días de baja médica y los permisos retribuidos reconocidos por la ley.

La sentencia, de 16 de enero de 2026, confirma íntegramente el fallo previo de la Audiencia Nacional y supone un importante correctivo a las políticas empresariales que castigan a las personas trabajadoras por enfermar, cuidar o conciliar.

El Tribunal Supremo es rotundo: la incapacidad temporal no puede utilizarse como excusa para reducir salarios ni incentivos.

AYESA IBERMÁTICA había implantado un sistema de retribución variable basado en las llamadas “jornadas productivas”, dejando fuera del cómputo los días de baja médica y determinados permisos legales.

El Alto Tribunal considera que esta práctica constituye discriminación directa por razón de salud, prohibida expresamente por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.

Es decir: ninguna persona trabajadora puede ver mermado su salario por ponerse enferma. Cuidar, conciliar o ejercer derechos tampoco puede penalizarse. La sentencia también protege de forma expresa los permisos retribuidos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, apartados b), e) y f). Esto es:

• Permisos por enfermedad grave u hospitalización de familiares
• Permisos para el ejercicio de funciones sindicales,
• Permisos vinculados a embarazo, parto, adopción o acogimiento.

El Tribunal Supremo recuerda que estos permisos son derechos legales, con derecho a remuneración, y que excluirlos de los incentivos salariales supone una discriminación indirecta, especialmente contra las mujeres, al estar ligados a tareas de cuidados y conciliación.

No se puede premiar la “presencialidad” castigando a quien ejerce derechos reconocidos por la ley.

La sentencia refuerza además la legitimidad de la acción sindical, rechazando los intentos de la empresa de cuestionar la capacidad de UGT para defender colectivamente a la plantilla.

El Supremo deja claro que los sindicatos más representativos están plenamente legitimados para actuar en defensa de los derechos de las personas trabajadoras, también en el ámbito de la empresa.

Este fallo envía un mensaje contundente al conjunto del tejido empresarial:

Los incentivos, bonus o retribuciones variables no pueden diseñarse vulnerando derechos fundamentales ni penalizando la enfermedad, los cuidados o la conciliación.

Desde UGT valoramos muy positivamente esta sentencia, que:

• Refuerza la protección frente a la discriminación.
• Blinda los derechos en materia de salud y conciliación.

Seguiremos vigilantes y actuando para que ninguna empresa haga negocio a costa de los derechos y la salud de la plantilla.

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La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Euskadi ha tomado con cautela los datos del desempleo publicados hoy por el Gobierno Vasco y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que elevan la cifra de personas registradas en las oficinas de Lanbide en 706 personas, un 0,66% más que el mes anterior, alcanzando la cifra total de 108.140 demandantes de empleo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La afiliación a la Seguridad Social también ha caído en 12.417 personas. Una situación que viene remarcar la “necesidad de proteger y mejorar el empleo” en Euskadi.

En palabras del responsable de empleo de UGT Euskadi, Daniel González, “la estacionalidad vuelve a hacer acto de presencia, evidenciando uno de los problemas estructurales del mercado laboral vasco, donde los contratos precarios y temporales son ocupados en mayor medida por mujeres”. Así, el desempleo se ha cebado en sectores como el comercio, tras el fin de la temporada navideña y las rebajas, en trabajados ocupados principalmente por mujeres. Por edades, también han sufrido más las mayores de 45 años.

A pesar de la subida mensual, los datos interanuales arrojan datos positivos respecto a enero de 2025, con un descenso de un punto porcentual. Estos datos, y pese a la aparente contención del IPC en el arranque del 2026, contrastan con unas cifras de elementos tan fundamentales como la vivienda, cuyo precio, tanto en la compra de vivienda como de alquileres, sigue provocando que “buena parte de las trabajadoras y trabajadores de Euskadi vivan en umbrales de precariedad a pesar de contar con un empleo”. Así, los precios de la vivienda “siguen triplicando e incluso cuadruplicando las subidas de los sueldos, pero también son notables las subidas en alimentación y suministros básicos”.

González también ha señalado la incertidumbre del panorama internacional, mostrando preocupación por el impacto en el empleo de la “política arancelaria de Trump cuyo impacto en la industria vasca empieza a hacerse evidente, tal y como vemos en el ERE anunciado por Tubos Reunidos en sus plantas de Amurrio y Trápaga”. En este sentido, el sindicato pide “a las instituciones que defiendan el empleo y establezcan medidas extraordinarias en comarcas que están sufriendo especialmente”, como Aiaraldea.

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La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Euskadi lamenta la muerte del trabajador de 33 años, fallecido a consecuencia de un accidente laboral traumático sucedido el pasado 30 de enero en Zumaia (Gipuzkoa) y que Osalan ha notificado hoy. El sindicato, en primer lugar, quiere trasladar su solidaridad y sus condolencias a la familia y personas allegadas del trabajador. Pero, además, insta a las instituciones competentes, Osalan e Inspección de Trabajo, una investigación exhaustiva para determinar las causas que han rodeado este suceso, y determinar si existían las medidas de seguridad preventivas necesarias.

Desde UGT Euskadi, recuerdan que la seguridad en el puesto de trabajo es un derecho irrenunciable que es responsabilidad de las empresas, que deben cumplir rigurosamente con la normativa de prevención de riesgos laborales. Han denunciado, asimismo, que resulta inasumible que, en 2026, las personas sigan perdiendo la vida intentando ganársela. El sindicato, finalmente, ha llamado a redoblar esfuerzos para que el primer accidente laboral traumático con resultado de muerte de este año sea también el último.

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La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Euskadi ha solicitado a Osakidetza la publificación inmediata de todo el sistema de ambulancias, acabando así con la duplicidad y con todos los problemas en el servicio generados por esta durante los últimos años. UGT ha trasladado esta exigencia en la reunión de la Mesa sectorial de sanidad, celebrada hoy en Vitoria-Gasteiz.

La delegación de UGT Euskadi, encabezada por la responsable de Sanidad Jasone Pérez, ha recordado que “se trata de un servicio vital, de primera necesidad, y que no debe, por tanto, estar sujeto a los vaivenes e intereses de empresas privadas”. Poniendo en valor el primer paso en ese sentido realizado en Elgoibar y Tolosa, ha exigido que se afronte “con la máxima celeridad”, la internalización del servicio en el conjunto de Osakidetza, “lo que permitirá no solo mejorar la atención a la ciudadanía, sino abaratar la gestión”. Así, ha puesto como ejemplo el exitoso proceso realizado en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Desde UGT Zerbitzu Publikoak, además, se ha querido poner en valor el reciente acuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad para iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, “un logro después de 3 años de negociación, con más de 60 reuniones celebradas”. Según Pérez, esta Ley “mejorará sustancialmente las condiciones laborales del personal sanitario, incluido el de Osakidetza”.

En la Mesa sectorial, por otro lado, se han abordado diferentes temas, de las muchas cuestiones pendientes. Entre los mismos, se encuentra la resolución del contrato de relevo para quienes quieren optar al mismo, paralizado desde el 1 de abril del pasado año 2025, y reclamado una y otra vez por UGT, tal y como ha reconocido la propia administración en la reunión, tendrá por fin salida, y vendrá recogido en las bases generales de la futura OPE.

El sindicato también ha querido hacer público su malestar por la falta de avances en la negociación de las licencias y permisos, que llevan desde octubre del 2021 encima de la mesa, y “siempre surgen cuestiones que paralizan su resolución”. En esta ocasión, el Gobierno Vasco los ha supeditado al ámbito de la Mesa general de la administración vasca. Por ello, “tan solo esperamos que no sea la enésima excusa para demorar un tema tan sensible para las trabajadoras y trabajadores de Osakidetza”.

Finalmente, desde UGT Zerbitzu Publikoak han querido evidenciar la complicada consecución de la normativa de incompatibilidades, que «se regula en base a una ley de 1989 y que se incumple de manera flagrante”.

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Para UGT Euskadi, la huelga general es una medida de presión excepcional para movilizar con rotundidad a la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores, en pro de unos intereses colectivos comunes de gran calado, o contra medidas lesivas que afectan al conjunto de la sociedad.

Una de las premisas para llamar a la misma es, sin duda, la búsqueda de la unidad de acción sindical en torno a la convocatoria, para así posibilitar que su impacto logre los objetivos planteados. Cualquier otro planteamiento, puede llegar a confundir los fines con el medio, y corre el riesgo de convertir la huelga en un fin en sí mismo.

Así, respetando la autonomía de cada organización para ejercer su actividad como mejor considere, e incluso compartiendo el objetivo de un SMI vasco, que UGT Euskadi defiende en todas sus intervenciones públicas, así como en todos los ámbitos socio laborales en los que participa, debemos lamentar que las organizaciones convocantes ni siquiera se pusieran en contacto con nuestro sindicato para contrastar la vía de la huelga.

En cualquier caso, UGT seguirá exigiendo la creación de un SMI para Euskadi en convenio, aunque sin compartir con ELA y LAB los medios para alcanzarlo; considerando que la vía más efectiva, y honesta ante la ciudadanía vasca en atención al marco legal vigente, es la negociación entre los agentes sociales, interpelando a la patronal y exigiendo a las instituciones que presionen a la misma hasta lograr un acuerdo que permita a la ciudadanía vasca alcanzar salarios acordes a la carestía de la vida en nuestro país.

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