Dirigentes sindicales de Euskadi presentan al Parlamento Vasco manifiesto con reivindicaciones sobre pensiones y dependencia

  

  

  

El manifiesto se ha entregado con motivo del 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, que estos dos sindicatos  quieren utilizar como plataforma para presentar sus reivindicaciones sobre pensiones y dependencia, pero la primera de ellas como “gran lección que extraemos de la actual situación de pandemia, es la necesidad de formalizar inexcusablemente una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Su resolución a día de hoy es ineludible. Una ley que debe garantizar una protección específica para los mayores, en todas las circunstancias de la vida, salud, vivienda, protección social y económica….”

Manifiesto con reivindicaciones entregadas al Parlamento Vasco:

Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre del 2020

Hace 30 años La Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106 designó el 1º de octubre como el día Internacional de las Personas de Edad.

Este año es extraordinariamente diferente ya que nada tenemos que celebrar, y sí mucho que recordar; especialmente debemos recordar la pérdida durante este año, el fallecimiento según los datos oficiales, de 1.800 personas mayores en Euskadi y más de 20.000 en el estado, por la pandemia del COVID19, y sin duda, por la falta durante años de acción, de previsión y prevención de las distintas administraciones, tanto desde el gobierno central como desde los diferentes gobiernos autonómicos.

El 1º de Octubre debemos utilizarlo como un día de reivindicación, de movilización de nuestro colectivo para una vez más traer a la primera página de la escena política las diferentes soluciones que planteamos a nuestros problemas.

Es imprescindible, iniciar el debate que debe llevarnos a formalizar inexcusablemente una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores; ya su resolución a día de hoy es ineludible.

Por todo ello, las Federaciones de Pensionistas de CCOO y de UGT denunciamos que, las Administraciones Públicas no cumplen con la obligación de dedicar los recursos económicos y materiales necesarios, para que las personas mayores tengamos cubiertas todas nuestras necesidades.

En los años posteriores al inicio de la crisis económica del 2009, bajo el criterio de austeridad se implantaron una serie de políticas públicas y recortes presupuestarios que causaron un deterioro en el sistema público de salud. Este deterioro tiene un impacto negativo para la población en general, pero muy singularmente para las personas mayores.

Las consecuencias de esta situación han resultado especialmente visibles con la pandemia de la COVID19.

Igualmente, la capacidad de respuesta del sistema de atención a la dependencia ante la crisis sanitaria ha resultado manifiestamente débil.

Queremos incidir en la urgencia de la reversión de los recortes iniciados en 2012, en el Sistema de Atención a la Dependencia, para recuperar e incrementar la intensidad de las prestaciones, así como, la incompatibilidad existente en la práctica entre muchas de ellas. Por otra parte, es necesario revertir el aumento de los copagos, reducir las solicitudes pendientes de valoración y las listas de espera, supervisar el cumplimiento de los requisitos de calidad y garantizar la transparencia del sistema. En definitiva, exigimos la derogación del RD 20/2012, que ha supuesto en buena medida, de facto, el desmantelamiento de la ley de dependencia, recuperando y reforzando sus objetivos originarios.

La mayor parte de las reformas que ha vivido el Sistema Público de Pensiones lo fueron como resultado del acuerdo en el marco del Diálogo Social, a excepción de las de los años 1985 y 2013. Está demostrado que cuando las reformas se dan con acuerdos, se garantiza el futuro del Sistema.

No podemos olvidar la desigualdad laboral a lo largo de la vida pues se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Antes de la crisis, ya se podía observar que las condiciones laborales y los distintos niveles de  corresponsabilidad social afectan a la cuantía de las futuras pensiones y mantienen la desigualdad en el acceso y determinació0n de las mismas. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de  las mujeres deben adquirir un papel protagonista para evitarla brecha existente.

Por todo ello hoy día 1 de octubre, las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y de CCOO de Euskadi damos traslado al conjunto de partidos políticos con representación en el parlamento vasco de las siguientes consideraciones:

1. El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de salud y atención socio-sanitaria son imprescindibles para garantizar el envejecimiento de forma activa, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores.
2. Incrementar el gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total del gasto sanitario, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

• Que se proteja a las personas mayores del COVID19, para ello hay que trabajar considerando tres situaciones diferentes en la población mayor: Personas mayores autónomas, personas que requieren ayuda a domicilio, y personas residentes en centros de mayores.
• Se necesita más capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia ante la crisis sanitaria, pues ha resultado manifiestamente débil. Desde 2012, el desarrollo del sistema se ha ido asentando sobre una fragilidad que se ha hecho patente los últimos años. Potenciar el sistema sobre el eje crucial de la calidad es clave para afrontar los meses que están por venir. Para ello hay que garantizar una atención integral, potenciando la autonomía personal y teniendo capacidad de reacción frente a posibles brotes, ello precisa de una mejora de la coordinación socio-sanitaria, con protagonismo de la atención primaria y de la atención geriátrica y gerontológica.

• Aunque la revalorización de las pensiones viene recogida en el Art. 50 de la Constitución como un principio rector de la política económica de nuestro país, si el Gobierno no deroga la reforma de pensiones del 2013, el uno de enero del 2021 se vuelve a la fórmula del IRP (0,25%) y eso no lo podemos permitir, incluso en una coyuntura de inflación muy moderada como la actual. Esto inevitablemente va a trasladar la dignificación de las pensiones más bajas a otros instrumentos, algunos de ellos responsabilidad directa de la CAPV, como lo es la Renta de Garantía de Ingresos. En este sentido, nos parece necesario destacar que ya hoy según los datos de que disponemos, una de cada cuatro personas perceptoras de RGI en Euskadi está complementando una pensión.

• Es cada día más urgente que se llegue a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdo social y político amplio, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el presente y futuro, que se recupere el índice de revalorización de las pensiones y que sea pactada en el marco del Diálogo Social.

• Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, en demasiadas ocasiones, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones, pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

• Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida. Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, en el que haya un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.

• De forma muy relacionada con lo anterior, las medidas a implementar no pueden soslayar la desigualdad entre mujeres y hombres también y especialmente en el ámbito de las pensiones. En Euskadi la diferencia en la cuantía de las pensiones de jubilación ordinaria superaba los seiscientos euros a favor de los hombres en 2017. Esta circunstancia no es anecdótica, y se traduce en que si agrupamos todas las pensiones con independencia de su origen, se repite esta diferencia. Sabemos que esto guarda relación con nuestro mercado de trabajo, desigual, segregado y especialmente precarizado para las mujeres. Pero debemos actuar desde ya tanto en entornos laborales como en el propio sistema de pensiones para atacar unas desigualdades injustas e insostenibles.

1. Se hace imprescindible que el diálogo social recupere un papel protagonista, un diálogo social fortalecido es crucial para encarar colectivamente los desafíos que implican procesos estructurales como el envejecimiento o los impactos sobre el empleo de la digitalización de la economía sus repercusiones y sobre la sostenibilidad del estado del bienestar. Pues las políticas sociales tienen que cumplir su objetivo final, y no es otro que el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas en: alimentación, sanidad y vivienda entre otras.

1. Proponemos una futura Ley Integral de derechos de las Personas Mayores, que garantice una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio…

• Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.
• Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad.
• Garantizar la visibilidad y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos de la vida pública: social, política, económica, jurídica, el privado o familiar y siempre bajo una perspectiva intergeneracional.

• Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

Los pensionistas y jubilados, con el conjunto de la sociedad organizada, nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo.

Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y de CCOO de Euskadi.

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