El IPC sigue en el 6% en Euskadi: “Hay que garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras para afianzar la recuperación”

Aunque el IPC se ha moderado en Euskadi en el mes de enero, la tasa anual sigue en el 6%, por lo que UGT -Euskadi insiste en la necesidad de avanzar en la negociación colectiva y que "los convenios recojan una subida salarial para 2022 superior a la previsión de inflación media, para mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, porque estas no pueden ser las paganas del descontrol de la inflación", manifiesta Daniel González, Secretario de Política Sindical e Institucional de UGT-Euskadi.
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El representante de UGT-Euskadi recuerda, en este sentido, la importancia de dar un impulso al consumo de los hogares, para afianzar la recuperación, y resalta la importancia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros, que afecta a miles de trabajadores en Euskadi, los que menos ganan.

“La subida del SMI a 1.000 euros es un avance laboral, económico y social incuestionable. Un acuerdo que beneficia sobre todo a las mujeres y los jóvenes. En 6 años, UGT ha conseguido que el salario mínimo pase de 665,20 a 1.000 euros, por 14 pagas y con carácter retroactivo al 1 de enero de 2022. Un paso fundamental que debe consolidarse en 2023, cuando el SMI alcance el 60% del salario medio”, asegura Daniel González.

El representante de UGT-Euskadi se muestra optimista respecto a que el acuerdo sobre la reforma laboral ayudará a llegar a acuerdos en los convenios, dado que dicho  acuerdo reequilibra las relaciones laborales de la negociación colectiva. “Potenciar la negociación colectiva y salarios mínimos que permitan vidas dignas son clave para una Europa social “.

Para UGT es imprescindible implementar una política salarial fuerte, que garantice el poder de compra e impulse el consumo y la actividad económica, pues no hay que olvidar que la inflación radica en causas ajenas a los salarios y, por tanto, una mayor moderación salarial no solo no reduciría la inflación, sino que provocaría un nuevo desplome de la actividad y un repunte de los niveles de desigualdad y pobreza.

También resulta fundamental combatir los injustificables márgenes que atesoran las grandes empresas energéticas, pues continúan acumulando desproporcionados beneficios a costa del empobrecimiento de los consumidores.

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