FeSMC-UGT en Gipuzkoa, ha convocado una huelga indefinida a partir del 18 de marzo, para los vigilantes de seguridad del Cuartel de Loyola, ante el sistemático incumplimiento de las resoluciones judiciales, en cuanto al convenio de aplicación, asà como el adeudo de varias nóminas. Los responsables del sindicato señalan que esta situación, por desgracia, no es nueva, ya que viene produciéndose desde hace más de un año, primero cuando el servicio fue adjudicado por el Ministerio de Defensa, a la compañÃa Marsegur y ahora tras la modificación de la razón social de Marsegur, que ha pasado a llamarse Novo Segur.
El responsable de seguridad privada de UGT en Euskadi, Isidro Campo, señala que para mayor agravio, la empresa Novo Segur, al igual que cuando se llamaba Marsegur, está aplicando en estos momentos su propio convenio de empresa, algo por lo que ya fue condenada en el Juzgado número 3 de Donostia, hace menos de 5 meses.
El juzgado de primera instancia, declaraba injustificada la decisión adoptada por la empresa Marsegur, de reducir el salario del trabajador hasta casi en un 30%, al aplicar su propio convenio de empresa, que está muy por debajo del convenio estatal del sector. Para UGT resulta indignante que el Gobierno lejos de solucionar el problema, continúe otorgando el servicio a empresas del sector que se podrÃan calificar de piratas, al no tener ningún tipo de intención de respetar los derechos laborales de los trabajadores.
El camino emprendido por Novo Segur, ha obligado recientemente a UGT a pedir a la Ministra de Defensa, MarÃa Dolores de Cospedal, que resuelva los contratos que el ministerio tiene con esta empresa, en todo el estado. Una situación que se ve agravada por el reciente anuncio de Novo Segur de presentar concurso de acreedores.
Los responsables del sindicato critican la actitud pasiva que sigue manteniendo el Ministerio de Defensa, dado que no ha garantizado, que las empresas con las que ha externalizado sus servicios, cumplan con la legalidad vigente. Para el responsable de UGT, este tipo de situaciones a menudo son evitables, ya que cuando se realizan los procesos de adjudicación de servicios, resulta imprescindible que las Administraciones además de primar el factor económico, tengan en cuenta que el presupuesto destinado a las empresas contratadas por el erario público sea suficiente.
En este mismo sentido Isidro Campo advierte que una vez realizada la concesión es absolutamente prioritario que el Ministerio de Defensa, tenga la determinación y voluntad polÃtica de ser exigente con sus proveedores de seguridad privada, para que se cumpla la legislación vigente.
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