Iberdrola desahucia a los sindicatos

Continuando con las conductas antisindicales, Iberdrola comunica a sus sindicatos que les echa de los despachos sindicales. Iberdrola se la juega; afronta varios procedimientos jurídicos que, de declararse contrarios a la libertad sindical, pueden incluso impedir la licitación de obras e inversiones públicas.
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La Dirección dio en julio un ultimátum rechazado por los sindicatos y decidió suspender sine die las negociaciones a pesar de los requerimientos de los sindicatos para continuar la negociación. A partir de la negativa sindical a aceptar la propuesta empresarial se han sucedido los ataques a las organizaciones sindicales dentro de la compañía con una clara actitud antisindical.

La última actuación ha sido desahuciar a todos los sindicatos de los despachos sindicales que mantenemos desde hace décadas en el entorno de los acuerdos de representación contenidos en el Convenio para la gestión de las relaciones laborales.

La Dirección de RR.HH ha comunicado su intención de aplicar una modificación sustancial de condiciones a los sindicatos. Una muestra más de mala fe negociadora al ser conscientes de la inadecuación del procedimiento de modificación sustancial para cuestiones de libertad y derecho sindical.

Toda esta actitud antisindical se inicia a raíz de la negativa de la representación social de aceptar la “oferta” final del convenio planteada por la Dirección a modo de ultimátum. Para hacerse una idea de lo que Iberdrola pretende, después de 19 meses en los que se ha dedicado a negar la realidad y un convenio justo, Iberdrola propone una subida salarial del 1,25% cada año para el periodo 2026-2028. El IPC se sitúa en el 4,9% actualmente.

Iberdrola se niega también a cumplir los acuerdos interconfederales. En el año 2025, el IPC fue del 2,9% y el Acuerdo Interconfederal de negociación colectiva establece el 3%. Iberdrola propone un incremento para ese periodo del 0,7%.

Ahora, con el fichaje anunciado en prensa de una nueva responsable jurídica, parecen querer blanquear su conducta antisindical de cara a preparar su defensa ante el complicado horizonte judicial que tienen por delante.

La que pretende ser la primera eléctrica del mundo mantiene una posición de bloqueo en la negociación salarial de su plantilla, que contrasta con la generosidad en el reparto de dividendos, beneficios y bonus a la alta dirección.

Lo que hasta hace poco era un ejemplo de empresa y relaciones laborales, la nueva dirección ha convertido a la empresa en la suma de un conjunto de actuaciones antisindicales.

La actual dirección de RR.HH ha emprendido un paso más en su intención de convertir Iberdrola en una empresa antisindical con la retirada de los despachos y diversas actuaciones que intentan amedrentar a la plantilla.

Es lamentable que, en el año en que Iberdrola cumple 125 años de historia, cuando todos debiéramos estar felicitándonos del éxito de nuestra Compañía, Iberdrola se dedica a confrontar y a cargar contra las organizaciones sindicales con su departamento de prensa como ariete con comunicados de prensa victimistas. Iberdrola, toda una multinacional de más de 130.000 millones y más de 6.200 millones de euros de beneficio, desahuciando a los sindicatos porque los representantes legales de los trabajadores/as por no aceptar una subida del 1,25% con la inflación en el 4,9%.

ALTA CONFLICTIVIDAD

La actitud de Iberdrola ha generado en sus trabajadoras y trabajadores una conflictividad sin precedentes que la ha llevado ante la Audiencia Nacional. En los dos últimos años, el órgano jurisdiccional ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO.

A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole.

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