La Federación de Servicios Públicos de UGT- Euskadi denuncia que Osakidetza sigue sin finalizar la evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de que el 27 de julio de 2015 la Inspección de Trabajo volviera a dar la razón a UGT y dio al Servicio Vasco de Salud un plazo de 7 meses para acabarla.
El hecho de que Osakidetza no tenga hecha una evaluación de riesgos psicosociales, y sus protocolos, ha llevado a costar 230.000 euros al erario público, dado que ha tenido que indemnizar a dos trabajadoras, una médico del Hospital de Txagorritxu y a una enfermera del centro de salud de Aiala, tras dos sentencias que en los últimos meses han resuelto de forma favorable a estos empleados.
Antonio González, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos de UGT, advierte que “ el daño a la salud de estas trabajadoras es incuestionable, pero hay que tener en cuenta que, en términos de dinero, a esos 230.000 euros que han ido a cargo del erario público, hay que añadir el costo de las bajas laborales de ambas trabajadoras, sueldo de los trabajadores contratados para sustituirlas y en el coste de una de ellas añadir una incapacidad permanente absoluta, con una pensión pública”.
Osakidetza no sólo lleva años sin realizar la evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de estar obligado por ley desde 1995, sino que además en las dos sentencias se dice que aparte de no tener hecha la evaluación de riesgos psicosociales, tampoco realizó ninguna actividad preventiva cuando ya conocía la existencia de un riesgo para la salud de las dos trabajadoras, al tener conocimiento del conflicto que existía. “Y, por esa vía se puede seguir condenando al Servicio Vasco de Salud como responsable de los daños que se produzca a la salud de sus trabajadores/as”.
Nueva denuncia de UGT
UGT, ha denunciado nuevamente a Osakidetza ante la Inspección de trabajo y ante Osalan, por el incumplimiento del requerimiento y de los plazos dados por la propia inspección de trabajo, por no tener terminada ni la mitad de la evaluación de riesgos psicosociales, y UGT denuncia también a la inspección el hecho de que Osakidetza, no tiene ni medios humanos ni materiales suficientes para llevar a cabo una adecuada actividad preventiva en sus centros de trabajo.
UGT presentó la primera denuncia en cada una de las 16 unidades básicas de prevención así como en el servicio corporativo de prevención de Osakidetza, su máximo órgano de prevención, en el mes de junio de 2013. Un año después, en junio del 2014, al no atender las peticiones de este sindicato, interpuso nueva denuncia a la inspección de trabajo, que tras realizar las investigaciones y entrevistas oportunas, en julio de 2015, requirió a Osakidetza para que en el plazo de 7 meses llevara a cabola evaluación de riesgos psicosociales en todos sus centros de trabajo.
Osakidetza tiene que hacer ya las acciones encaminadas a llevar a cabo una actividad preventiva real y contundente para evaluar y minimizar los riesgos psicosociales para sus 35.000 trabajadores, riesgos potenciados por los recortes aplicados en Sanidad”, afirma Antonio González, quien asegura que es importante, no sólo porque la Ley obliga, sino porque es necesario hacer una evaluación de riesgos psicosociales inicial y cuando se producen cambios organizativos importantes, como los que se han dado en los últimos años, fruto de los recortes de plantilla y la no sustitución de bajas, con un importante aumento de la carga y de losritmos de trabajo. Y, sobre todo, con un 25% de contratación temporal, que en sí misma constituye un factor de riesgo psicosocial importante.
Desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), el 8 de noviembre de 1995, UGT ha pedido en las distintas mesas de negociación que se evaluaran los ritmos y cargas de trabajo, con respecto a los puestos, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, con más de la mitad de la plantilla supera los 50 años, y desde la perspectiva de género, en un servicio público donde el 80% de trabajadoras son mujeres.
Impactos: 657
