La responsable para la Igualdad de UGT-Euskadi, Emilia Málaga, estima en alrededor de 7.000 inmigrantes los que podrán regularizarse en Euskadi, de un total de 11.000 irregulares que viven en nuestra Comunidad autónoma, en base al acuerdo alcanzado por los agentes sociales con el Gobierno. “Se han hecho los mayores esfuerzos -manifiesta-, pero se ha acotado al máximo las posibilidades de que las mafias operen con la compraventa de contratos”. No obstante, advierte que sigue pendiente dotar de medios técnicos y humanos a la administración para poder atender todas las peticiones, que ya ahora en Bizkaia y Gipuzkoa llevan retrasos que califica de “elevadÃsimos”.
El texto que ha resultado de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social está centrado básicamente en aspectos sociolaborales, ha logrado mejorar la regulación de procedimientos, asegurando su relación con el mercado de trabajo y garantizando los derechos de trabajadores y trabajadoras, extranjeros o no y ha alcanzado un equilibrio entre la normativa laboral y la de extranjerÃa, evitando que se introduzcan fórmulas diferenciadas para los trabajadores no comunitarios. Entre otros aspectos, cabe destacar también que se ha asegurado la existencia de un órgano tripartito que garantice que las cuestiones relacionadas con la inmigración y el mercado de trabajo sean objeto de un tratamiento laboral.
Aunque en términos generales UGT considera positivo el acuerdo, Emilia Málaga advierte que “no podemos olvidar que es un Reglamento que desarrolla una ley de la que no compartimos parte de sus preceptos”. UGT solicitó en su dÃa al Defensor del Pueblo la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2000 y la 14/2003, además de rechazar los visados para la búsqueda de empleo, contemplados en esta ley como fórmula de regulación de flujos laborales. Interpuso igualmente una queja contra el gobierno español ante la OIT que fue resuelta a nuestro favor.
No obstante considera una “gran virtud” del nuevo reglamento y de la disposición transitoria que establece un procedimiento de regularización extraordinario, el que intervenga en las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes. “Los anteriores procesos de regularización -manifiesta- han demostrado que el “papeles para todos” no es productivo si no va ligado a un puesto de trabajo, que también debe ser regularizado, porque quien hoy es explotado “sin papeles”, mañana seguirá siéndolo -aunque cuente con un permiso- si no intervenimos en sus condiciones laborales”.
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