La atención a dependientes de las instituciones vascas no alcanza a todas las familias

Emilia Málaga, responsable para la Igualdad de UGT-Euskadi, insiste en que la creación de un nuevo derecho social va a mejorar la situación de las familias vascas, que son quienes han tenido que soportar la responsabilidad de la atención a sus dependientes, ya que la atención pública vasca prestada se puede definir, hoy por hoy, como sustancialmente escasa. “Decir que en Euskadi las personas dependientes ya cuentan con la atención debida -afirma Emilia Málaga- supone una falta de respeto a las miles de familias vascas que tienen que ocuparse de sus mayores y demás dependientes porque la atención pública no alcanza. Este es el único problema a corregir”.
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UGT-Euskadi muestra su sorpresa ante la coincidencia de las administraciones vascas para atacar la Ley de Dependencia, fruto del diálogo social, después de que ayer declararan que “invade las competencias vascas”.

Emilia Málaga, responsable para la Igualdad de UGT-Euskadi, insiste en que la creación de un nuevo derecho social va a mejorar la situación de las familias vascas, que son quienes han tenido que soportar la responsabilidad de la atención a sus dependientes, ya que la atención pública vasca prestada se puede definir, hoy por hoy, como sustancialmente escasa. “Decir que en Euskadi las personas dependientes ya cuentan con la atención debida -afirma Emilia Málaga- supone una falta de respeto a las miles de familias vascas que tienen que ocuparse de sus mayores y demás dependientes porque la atención pública no alcanza. Este es el único problema a corregir”.

UGT afirma que la creación de un sistema nacional de dependencia va a garantizar que ninguna administración haga dejación de responsabilidades en esta materia, y recuerda que, habiendo competencias sobre la misma, la atención a las personas dependientes sigue siendo altamente insuficiente, por lo que o no se han ejercido las competencias o se han ejercido mal. El sindicato compara esta situación con otra ocurrida hace seis años a propósito de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Aún teniendo la competencia sanitaria, la CAV se negó a prestarles atención hasta que una ley estatal le obligó a ello.

UGT insiste en que, pese a las declaraciones contradictorias vertidas ayer por representantes de las administraciones vascas, reconociendo que el anteproyecto crea derechos pero a la vez oponiéndose a él, con la aprobación de la nueva ley mejorará la situación de muchas familias vascas. El sindicato confía, igualmente, en que finalmente haya entendimiento con el gobierno central para la ejecución de la ley.

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