Con motivo de la publicación del Decreto 190/2005, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma, UGT ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia la práctica fraudulenta de la contratación irregular de trabajadores a través de empresas interpuestas para el desempeño de tareas reservadas por la ley a funcionarios y laborales.
Se trata tanto de empresas públicas del propio Gobierno vasco como de empresas creadas “ad hoc” o de falsos autónomos. En el juicio se ha aportado un listado de más de 500 trabajadores cedidos, que están usurpando a otros el puesto de trabajo.
UGT denuncia el fraude y la vulneración del derecho fundamental de todos los ciudadanos a acceder a los puestos de trabajo en la Administración mediante oposiciones con garantÃas de publicidad y objetividad, y bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, exige la creación formal de estos puestos de trabajo ya existentes y su provisión mediante oposición o concurso-oposición.
UGT pretende acabar con el recurso a contratos-tapadera para subcontratar a simpatizantes de los partidos gobernantes (PNV-EA-IU), práctica clientelista que ha crecido en los últimos años y que constituye un auténtico escándalo. Mediante estos contratos, la mayorÃa adjudicados directamente o sin publicidad, se recurre a “colaboradores externos”, que realizan el trabajo que, según la ley, corresponde a los funcionarios y al personal laboral del Gobierno, en las propias oficinas del Gobierno y con todos los medios materiales (escritorio, ordenador, acceso a Internet, lÃnea telefónica, fax) costeados por todos los ciudadanos.
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