Ante la posible judicialización de 4 adjudicaciones de Gipuzkoa UGT exige que, en cualquier caso, se garanticen las condiciones laborales de los trabajadores

En las informaciones recientemente publicadas en el Diario Vasco se señala que las adjudicaciones a las que la AVC se estaría refiriendo serían los servicios de transporte público regular de viajeros en las comarcas del Goierri, Urola Erdia, Debabarrena y Urola Kosta. Así como los servicios de Debagoiena con sus conexiones con Debabarrena, Vitoria y Donosti, más los enlaces entre las capitales de la Comunidad Autónoma.
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UGT quiere mostrar su profunda preocupación tras conocer a través del Diario Vasco que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) pretende judicializar las adjudicaciones de 4 lineas de autobús en Gipuzkoa, otorgadas hace ya más de un año, por no haber sido supuestamente realizadas conforme al mejor criterio de optimización de recursos y eficiencia. Los responsables de UGT temen que una de las consecuencias de dicha medida pueda ser una merma de derechos laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias.

En las informaciones recientemente publicadas en el Diario Vasco se señala que las adjudicaciones a las que la AVC se estaría refiriendo serían los servicios de transporte público regular de viajeros en las comarcas del Goierri, Urola Erdia, Debabarrena y Urola Kosta. Así como los servicios de Debagoiena con sus conexiones con Debabarrena, Vitoria y Donosti, más los enlaces entre las capitales de la Comunidad Autónoma.

UGT respalda, al igual que la AVC, que la calidad del servicio que ofrecen las empresas contratadas con dinero público debe ser siempre el mejor posible, sin embargo discrepan en cuanto a que el factor económico sea el principal criterio a tener en cuenta en dichos concursos públicos. Para los responsables de UGT resulta esencial que las empresas contratadas por el erario público respeten las condiciones laborales de los trabajadores y advierten que no tolerarán que estos carguen con el coste de una oferta tan barata que exclusivamente este destinada a conseguir la adjudicación, aún en perjuicio de sus propias condiciones laborales.

Por ello UGT exige que tanto si se vuelve a realizar un concurso como si no, las empresas adjudicatarias de los servicios estén obligadas a subrogar el personal y garantizar una partida económica suficiente para actualizar sus condiciones laborales durante toda la adjudicación del Servicio.

En cuanto a las declaraciones realizadas por fuentes de la AVC en el Diario Vasco, UGT considera una auténtica temeridad asegurar que cuanto más agresivas sean las ofertas de las empresas que optan por la adjudicación, mejor acabará siendo su prestación y más dinero ahorrará el erario público, siendo esto una cuestión de eficiencia.

Los responsables de UGT recuerdan al respecto, que una de las partidas económicas de los concursos se destinan habitualmente a la renovación y mantenimiento de las flotas de autobuses, y por tanto a la calidad del servicio, cuando las ofertas son excesivamente bajas, esa calidad evidentemente disminuye. Otras de las alternativas que suelen aplicar las empresas para ahorrar costes es incumplir el convenio, lo que en definitiva acaba suponiendo un aumento de la conflictividad laboral.

Además UGT señala que a veces las empresas para poder adecuar el presupuesto a las exiguas ofertas presentadas deciden disminuir plantillas o eliminar descansos, un terreno peligroso en el que entra en juego no solo la calidad del servicio sino la seguridad de los usuarios y trabajadores.

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