Los responsables de los sindicatos UGT y LAB, advierten de que no están dispuestos a permitir que Diputación no autorice la negociación del convenio de la compañÃa Hijos de Antonio Areizaga S.A (HASA), GARAYAR y TSST, que actualmente están cubriendo las lÃneas de Lurraldebus de Buruntzaldea, hasta que se adjudique de manera definitiva el servicio. Y es que las empresas alegan que el texto de la futura concesión recoge como base los convenios ya finalizados y que la negociación de un nuevo convenio con mejoras económicas y sociales podrÃa ser interpretado por Diputación como un acto de mala fe por parte de la compañÃas.
En este sentido las empresas apuntan que si en una futura subrogación de los trabajadores a un nuevo adjudicatario, este se viera obligado a reconocerles derechos provenientes de un convenio firmado que no se corresponde con las actuales condiciones laborales recogidas en el concurso podrÃa ser un problema, por lo que necesitan la autorización para negociar de Diputación.
Para los responsables sindicales se trata de las preocupantes consecuencias de que Diputación no haya resuelto a tiempo el concurso público de adjudicación del servicio de Buruntzaldea. Esto ha supuesto que los trabajadores no puedan negociar su convenio y que la flota de autobuses se este deteriorando sin que pueda renovarse, con las consiguientes molestias y perjuicios para los usuarios.
Los sindicatos recuerdan que la demora injustificada de Diputación no debe afectar en ningún caso a trabajadores y usuarios de los servicios, y en estos momentos nos encontramos con que los trabajadores de HASA y GARAYAR permanecen sin actualizar sus condiciones laborales desde 2017 y los trabajadores de TSST deberÃan hacerlo este año. Por todo ello los sindicatos reclamamos que a pesar de no haberse resuelto el concurso, Diputación autorice a las empresas a negociar sus convenios colectivos asà como a tomar medidas urgentes con respecto a la flota de autobuses para garantizar la seguridad en la circulación y el confort de los viajeros.
Para los responsables de UGT y LAB el principal problema es el tiempo que transcurre desde que se redacta y aprueba el anteproyecto hasta que se lleva a cabo la adjudicación del servicio, ya que esta licitación sale con salarios y condiciones de 2017 pero la adjudicación se puede demorar varios años, lo que supone en la práctica, que la empresa no quiera entrar a negociar durante ese periodo de tiempo que media entre la licitación y la adjudicación. UGT y LAB entienden que lo que no se puede pedir en ningún caso a los trabajadores es que renuncien a mejoras económicas y sociales hasta que se lleve a cabo la adjudicación, que nunca se sabe cuando se llevará a cabo.
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