Los responsables de UGT valoran este hecho como “un paso adelante en la lucha contra la contratación en fraude de ley en las instituciones públicas”.
Explican que la persona trabajadora afiliada a UGT se encontraba trabajando como personal interino en el citado organismo público desde el año 2006, hecho que ha sido reconocido judicialmente como “fraude de ley”, ya que previamente había superado un proceso de Oferta Pública de Empleo, convocado el año 1999, sin llegar a obtener plaza en el mismo, pero sí había posibilitado su inclusión en “bolsa de trabajo”.
Denunciada esta situación, el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao dictó sentencia en su favor el mes de septiembre de 2022, que fue recurrida por IFAS ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero que, finalmente, en sentencia reciente ha ratificado la anterior en su integridad, condenando a IFAS al pago de costas.
Esta última sentencia no ha sido recurrida por la administración en el plazo habilitado, por lo que ha devenido en firme. De esta manera el trabajador alcanza la condición de personal fijo, estabilizando definitivamente su empleo.
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