FeSMC-UGT en Gipuzkoa, denuncia las condiciones de los servicios de seguridad de los vigilantes del cuartel de Loyola, de Donostia, que tras ser subrogados el pasado dÃa, 1 de mayo de 2017, por Marsegur, han visto reducidos sus salarios en un 30%. Esto se debe a que la nueva empresa, les está aplicando su propio convenio de empresa, que está muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales. Haciendo caso omiso asÃ, a la obligación que tienen en la subrogación de respetar las condiciones laborales de los trabajadores. Dicho servicio ha sido adjudicado por el Ministerio de Defensa, recientemente junto con otras 200 instalaciones a la empresa Marsegur.
El responsable de seguridad privada de UGT en Euskadi, Isidro Campo, señala que el convenio de empresa de Marsegur, que tiene una duración de 10 años, raya la esclavitud y a principios de mayo de este mismo año, la Audiencia Nacional ya lo ha considerado nulo. La sentencia se encuentra en estos momentos recurrida por la empresa.
Se trata de un convenio con un salario base de unos 700 euros, casi 200 euros por debajo del estatal, y en el que el plus por nocturnidad se paga a 10 céntimos la hora, lo que supone 9 veces menos que lo fijado en el convenio del sector de Seguridad Privada de ámbito estatal. Además en este convenio de empresa existen otros conceptos retributivos que estarÃan muy por debajo de lo fijado en el estatal, lo que en definitiva podrÃa suponer entorno a un 30% menos de salario cada mes.
Ante esta situación, Isidro Campo, advierte que el sindicato va a poner todos los medios jurÃdicos y de acción sindical disponibles, para proteger las condiciones laborales de los trabajadores subrogados.
Por otra parte el sindicato exige al Ministerio de Defensa, cliente de Marsegur, que garantice, que las empresas con las que ha externalizado sus servicios, cumplan con la legalidad vigente y que a las personas que custodian sus instalaciones se les aplique integramente el Convenio Sectorial de Seguridad Privada.
Para el responsable de UGT, este tipo de situaciones a menudo son evitables, ya que cuando se realizan los procesos de adjudicación de servicios, resulta imprescindible que las Administraciones además de primar el factor económico, tengan en cuenta que el presupuesto destinado a las empresas contratadas por el erario público sea suficiente para respetar las condiciones laborales de los trabajadores.
En este mismo sentido Isidro campo advierte que una vez realizada la concesión es absolutamente prioritario que el Ministerio de Defensa, tenga la determinación y voluntad polÃtica de ser exigente con sus proveedores de seguridad privada, para que se cumpla la legislación vigente.
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