UGT-Euskadi comparte con el Gobierno Vasco la exigencia al Gobierno de España del mantenimiento de los ERTES de fuerza mayor, más allá de la finalización del Estado de Alarma, ya que todos somos conscientes que necesitamos garantizar la reincorporación al empleo según se vaya recuperando la actividad. Somos partidarios de que los plazos estén vinculados con los sectores, ya que hay situaciones muy diferentes, y siempre que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores/as y la de los ciudadanos. Para garantizar uno de los objetivos expuestos por el Lehendakari, que tiene que ser el mantenimiento del mayor empleo posible, ya que en estos momentos son más de 200.000 las personas trabajadoras en ERTE y además son micropymes, el 86% de los ERTES son de empresas de menos de 10 trabajadores y que afecta a cerca de 67.000 trabajadores.
UGT-Euskadi exige el Gobierno Vasco complementar los ERTES a las personas trabajadoras con rentas bajas, como ya se ha hecho en otras Comunidades como la Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y León entre otras.
UGT-Euskadi solicita la puesta en marcha de ayudas a las empresas, a través de Osalan, para que puedan adoptar medidas extraordinarias que prioricen la máxima protección de la salud de los trabajadores/as y de los ciudadanos
UGT manifiesta su disposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno Vasco, el resto de instituciones vascas y los agentes sociales para conseguir lo antes posible un Plan de Empleo y de Reactivación Económica, tan necesario para mantener el empleo y devolver al mercado de trabajo lo antes posible a aquellos que han perdido su empleo como consecuencia del COVID-19. Es necesario aunar recursos económicos y evitar duplicidades.
UGT- Euskadi ha aprovechado esta reunión para poner en valor la necesidad de defender los servicios públicos y hacer una reflexión y una auditoria sobre las concesiones de esos servicios a empresas privadas, en sectores muy concretos como son la ayuda a domicilio, las residencias de mayores, transporte sanitario y la limpieza , en muchos casos sólo han primado el coste económico, sin pensar a quien prestan sus servicios y sus repercusiones.
Todos tenemos la obligación de reorientar los presupuestos con tres objetivos, la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los ciudadanos, mantener el mayor número de puestos de trabajo posible y mantener y extender la red de protección social. En este sentido, exigimos al Gobierno central la puesta en marcha del Ingreso MÃnimo Vital, que sea compatible con nuestra RGI.
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