Arantza Agote advierte que UGT no está de acuerdo con una Ley de Empleo Público que no resuelve los problemas actuales de los empleados/as públicos vascos, no reúne los requisitos mínimos que son importantes para regular el acceso y las condiciones de trabajo de los 130.000 empleados/as públicos vascos de nuestra Comunidad autónoma, ni se reflejan cuestiones para UGT muy importantes, como establecer un 8% como máximo de contratación temporal y que se mantengan los servicios públicos en un modelo abierto y permanente de provisión de puestos de trabajo, una promoción interna real y un proceso de consolidación de empleo en el conjunto de las Administraciones públicas.
La representante de UGT considera ineludible que en esta ley se hubiera contemplado una cláusula de reconocimiento de deuda y de garantía de los acuerdos.
Entre otras cuestiones, considera muy grave que el personal empleado público monolingüe vea coartado su derecho a la movilidad y a la promoción interna por la exigencia de perfiles. “Abogamos por el euskera, pero éste es un problema que debe resolverse con el relevo generacional. Hacemos propia la NO exigencia de perfil, una vez que los trabajadores/as han accedido al empleo público”.
La Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, advierte que, además, en el texto aprobado hoy se vuelve a ningunear a los sindicatos, al no contar con ellos en la Comisión de Coordinación de Empleo Público, en la que sólo están las administraciones.
En cuanto a la Ley de medidas presupuestarias, en las que se recoge la subida salarial de los empleados/as públicos, recuerda que el Gobierno vasco se limita a trasladar el acuerdo de mínimos conseguido por UGT, en Madrid, sin mejorarlo” advierte que se mantienen recortes y que el Ejecutivo vasco se mantiene en su imposición, pasando de la negociación con los sindicatos. Arantza Agote advierte que los empleados públicos vascos han perdido desde el 2010 en torno al 15% y 20% de poder adquisitivo, recortes que se han unido a la aportación de Itzarri, que el Gobierno recortó también unilateralmente.
Impactos: 363
