Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se celebra el 17 de mayo, UGT insta al Gobierno de España a que apruebe, en esta legislatura, una Ley de Igualdad para las personas LGTBI y en contra de la LGTBIfobia, que contemple medidas para erradicar la violencia en todos los ámbitos, especialmente, en el social y en el laboral, y reconozca los derechos de las personas LGTBI, así como un impulso a la igualdad de trato y oportunidades y proteger a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales de la violencia y de las agresiones físicas que sufren diariamente.
Estrategia
contra los delitos y el discurso de odio
Erradicar la violencia que sufren las personas LGTBI, atender a las víctimas y
conseguir que denuncien, también en el ámbito del empleo, es una tarea urgente.
Según los datos oficiales, las personas LGTBI no denuncian las agresiones que
sufren en diferentes ámbitos, tampoco en el trabajo. La Agencia Europea de
Derechos Fundamentales cifra en un 10% los incidentes y delitos de odio que se
denuncian, por lo que la cifra total sería muy superior.
En este sentido, UGT reclama un Plan Nacional contra la Violencia y el Odio que
sufren las personas LGTBI en todos los ámbitos, como el social, educativo,
sanitario o laboral, y formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a los operadores jurídicos para la atención a las víctimas de la
violencia homofóbica, bifóbica y transfóbica.
De la
ocultación al despido
Como se muestra en el informe “Hacia entornos laborales inclusivos. La
diversidad sexual, familiar y de género en el trabajo. Propuesta sindical”,
realizado por el área confederal UGT LGTBI, muchos trabajadores y trabajadoras
LGTBI reconocen que prefieren ocultar su orientación sexual, identidad y/o
expresión de género en sus empleos para no sufrir represalias o situaciones
indeseadas o violentas.
Como consecuencia, las personas LGTBI, al verse en la obligación de disociar la
esfera privada de la laboral, están expuestas a riesgos psicosociales, tales
como ansiedad, estrés y depresión. Estos riesgos no se reconocen, teniendo en
muchos casos, la consideración de enfermedad común y no laboral. Otra de las
situaciones asociadas a la ocultación es la renuncia a derechos, como el
acompañamiento a cónyuge a consulta médica, el permiso por matrimonio o
filiación, etc., al preferir mantener en secreto la orientación sexual en el
trabajo.
En los casos en los que se visibiliza la orientación sexual o la identidad de género, cuando se produce el despido de la persona existe la dificultad de demostrar la causa. Muchas personas LGTBI prefieren renunciar a su empleo o buscar otro antes que pasar por el proceso judicial o, en caso de que se declare nulo el procedimiento, volver a un entorno laboral donde se les discrimina.
Tener una expresión de género no normativa o una identidad de género trans
también penaliza a las personas en el acceso al empleo y en la carrera
profesional. Según datos de FELGTB, el 85% de las personas trans sufren
situaciones de desempleo de larga duración, empujándolas a la exclusión social.
Para UGT, es urgente abordar la situación de discriminación que sufren las
personas trans en el empleo y proponer medidas y políticas públicas para
erradicarla.
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