UGT Euskadi ha valorado desde la prudencia la evolución del empleo en Euskadi, cuyos datos de junio han sido publicados hoy por el Gobierno Vasco y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los mismos, muestran que el desempleo ha experimentado un incremento en la cifra de personas registradas en las oficinas de Lanbide, con un aumento de 479 personas en comparación con el mes anterior (+0,46%), alcanzando la cifra total de 104.212 demandantes de empleo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Los datos de afiliación, por contra, dejan 2.006 personas más en los registros de la S.S. alcanzando un nuevo récord de 1.044.686 cotizantes.
Por territorios, el comportamiento mensual ha sido desigual: el paro ha subido en Gipuzkoa en 391 personas (+1,42%) y en Bizkaia en 245 (+0,42%), mientras que Araba ha logrado reducirlo en 157 personas (-0,89%). En términos interanuales, la cifra global de la comunidad autónoma ha crecido en 821 personas respecto a junio de 2025 (+0,79%), un repunte concentrado también en Bizkaia (+684 desempleados) y Gipuzkoa (+641), frente al descenso registrado en Araba (-504).
En palabras del responsable de empleo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Euskadi, Daniel González, los datos confirman la tendencia constante instalada ya durante años, con la última reforma laboral (2021) como punto de inflexión. Sin embargo, ha vuelto a poner encima de la mesa que, hoy en día, “en Euskadi, tener trabajo no garantiza poder desarrollar un proyecto vital en condiciones de dignidad, en buena parte porque los salarios han perdido poder adquisitivo, particularmente en relación a algo tan esencial como la vivienda”. Razón por la cual llama a mejorar las condiciones laborales, en especial los salarios, a través de la negociación colectiva.
En la misma línea, González ha apelado a las administraciones a implantar las medidas correctoras para combatir algunos de los problemas estructurales del mercado de trabajo, además de aplicar otras reformas necesarias como el sistema de despido, recordando que, una vez más, Europa ha interpelado a España a ajustarlo a los criterios de la Carta Social Europea.
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